El juez federal Sebastián Casanello dispuso este jueves la elevación a juicio oral y público del caso Skanska, por el que se encuentran procesados el ex ministro de Planificación Federal del kirchnerismo Julio de Vido y el ex secretario de Obras Públicas, José López, acusados de haber cobrado coimas y por administración fraudulenta.
En la causa se investiga el supuesto pago de coimas para el cual se utilizaron facturas truchas, con el objetivo de que la empresa fuera beneficiada en las contrataciones de la ampliación de los Gasoductos Norte y Sur.
El proyecto de Ampliación de Gas 2005 -sobre el que data la causa- preveía una expansión de la capacidad de transporte de gas natural que comprendía la instalación de gasoductos (los sistemas norte (TGN) y sur (TGS), el acondicionamiento de las plantas compresoras y la construcción de una nueva planta.
Las obras serían financiadas por un fondo fiduciario administrado por Nación Fideicomiso y las presuntas coimas -pagadas en forma de sobreprecios- se habrían concretado luego de que se modificara la forma de licitación.
Al elevar a juicio oral y público al ex ministro De Vido junto con otros 30 imputados, Casanello dio por clausurada la parte de la investigación en la que se indagó el “acuerdo espurio efectuado entre empresarios y funcionarios públicos del gobierno argentino, en el que se acordó que los primeros realizarían pagos a los segundos, en carácter de sobornos”, según consta en la resolución a la que accedió Télam.
“Este accionar delictivo requirió de la presencia de tres clases de intervinientes: por un lado, los funcionarios públicos, por otro, los dependientes de la firma Skanska SA, y por último, aquellos que participaron en la confección de la facturación falsa y el cobro de cheques librados por Skanska con destino al pago de sobornos”, sostuvo el juez.
En este caso, se le atribuyó al detenido ex ministro De Vido, al también detenido José López y al ex gerente General de Nación Fideicomisos SA, Néstor Ulloa, el haber recibido dinero por parte de directivos del grupo económico Skanska.
“A cambio de ello, como contraprestación, los funcionarios intervinieron en la selección y direccionamiento irregular del proceso licitatorio denominado 'Proyecto de Expansión de Gas 2005', mediante el cual se garantizó la selección y adjudicación del proyecto a la compañía Skanska SA, pese a la existencia de desvíos presupuestarios”, sostuvo el juez.
“En esa línea se corroboró que percibieron pagos instrumentados por directivos y dependientes de la empresa Skanska SA, que extrajeron $13.949.829,87 con el objeto de destinar, al menos parte del total, a los funcionarios públicos que intervinieron en el proceso administrativo”, detalló el magistrado.
Entre los “dependientes de la firma Skanska SA”, en la ejecución del hecho tomaron parte, “prestando una colaboración sin la cual no habría podido cometerse, los representantes de la filial argentina de la multinacional sueca Mario Piantoni, Gustavo Vago, Ignacio de Uribelarrea, Javier Azcárate, Héctor Osvaldo Obregón, Eduardo Varni, Juan Carlos Bos, Alejandro Gerlero y Roberto Antonio Zareba”.
El juez del caso señaló además que “las maniobras de sobornos se efectuaron en el marco de un dispositivo de facturación falsa montado para hacer posible el egreso de casi 14 millones de pesos de la empresa Skanska, con el propósito de destinarlos en parte al pago de sobornos a funcionarios públicos”.
Por el caso fue procesado el ex gerente comercial de Skanska Javier Azcárate, quien fue el responsable de la auditoría interna que produjo las grabaciones que dieron cuenta del pago de coimas, y que en un principio no habían sido aceptadas como prueba en el expediente.
La causa se inició hace 13 años y, en una primera instancia, la grabación había sido declarada nula, lo que permitió, por ejemplo, que resultaran sobreseídos Ulloa y otros acusados que luego fueron procesados.
En 2016, y tras una orden de la Corte Suprema de revisar la validez o no de aquella prueba, la Cámara Federal porteña dio por válidas las grabaciones y Casanello dispuso las indagatorias de De Vido y López, a pedido del fiscal Stornerlli.
Informe de Fabio Ferrer.
