Un grupo de vecinos y pequeños productores rurales realizó en los últimos días una presentación ante el Gobierno de Córdoba por el daño que están generando cuatro canteras que operan en el cauce del arroyo Piedra Blanca, que separa a La Paz y Merlo, localidades de Córdoba y San Luis respectivamente.
La denuncia es sobre el impacto sobre el bosque nativo, la infraestructura y el acceso a viviendas, si se tiene en cuenta que cada vez que el arroyo crece por las lluvias el agua se lleva alambrados, postes de alumbrado público y arrasa con los terrenos de los vecinos, que quedan irrecuperables.
"Desde hace más de 15 años están instaladas a orillas del lecho y del lado de San Luis cuatro canteras pertenecientes a las familias Zapata, Buri, Fernández, y Funes. Se reparten unos 10 kilómetros del lecho hacia el oeste de la Ruta 14 trabajando de manera continua, intensiva, y descontrolada, utilizando para ello maquinaria pesada y camiones. Ninguna de ellas tiene autorizaciones o trámites de permiso en la Provincia", explicaron los habitantes en un comunicado.
Incluso, los vecinos han denunciado amenazas por haber exigido un freno en la explotación sobre el cauce de Piedra Blanca. En diálogo con Cadena 3, un productor explicó que la provincia de San Luis ha entregado permisos precarios para la explotación de las canteras, mientras que Córdoba no las autorizó. Piedra Blanca es un arroyo compartido entre ambas provincias.
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La crecida del arroyo Piedra Blanca tras las últimas lluvias en Traslasierra
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"Javier" (nombre ficticio utilizado por temor a represalias) explicó que los pobladores y productores vienen denunciando la situación desde 2005 ante los distintos intendentes, el juez de faltas, la Secretaría de Recursos Hídricos, el Ministerio de Obras Públicas y la Policía Ambiental.
"Tenemos cuatro canteras que trabajan de forma intensiva y desaforada sobre el cauce del arroyo, que lo han destruido. Tenía un manto verde con sus arbolitos y hoy es un cañadón. Cuando crece en verano, el arroyo arrasa con todas las barrancas, se hace más ancho y destruye los caminos rurales costeros. El agua se llevó alambrados, postes de luz, causó la anulación del paso de una provincia a la otra y la pérdida de nuestros terrenos. Una vez que el arroyo se come un terreno, se pierde para siempre", lamentó el productor.
Y añadió: "Tenemos una vecina que pierde el único camino de ingreso a su hogar por la crecida desmedida del arroyo, afectado por el trabajo de las canteras. San Luis entregó permisos precarios a las empresas y estas hacen un uso abusivo. Del lado de Córdoba, las canteras no tienen autorización para operar", denunció.
El Gobierno de Córdoba dictó en 2012 el decreto 43/2012, que estableció la caducidad de los permisos para extracción de áridos dentro de la línea de ribera de los ríos y arroyos, planicies de inundación o zonas inundables, zona de riesgo hídrico y cotas de coronamiento para los lagos, cuyos titulares sean Municipios, Comunas o Comunidades Regionales.
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La crecida desmedida del arroyo Piedra Blanca por los trabajos de las canteras
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"El desastre ambiental que se generó en la zona a partir de la pérdida de costas, manto y bosques nativos es brutal. Más allá de la autorización o no, lo que es urgente es un plan de remediación y una suspensión directa de la actividad", explicó "Javier" en diálogo con Cadena 3.
El productor explicó que los vecinos han mantenido algunas reuniones con autoridades del Gobierno de Córdoba y que se estaría elaborando un informe técnico desde hace unos meses.
"La primera nota que enviamos a Recursos Hídricos la hicimos en 2005 y recién ahora hay algunos informes técnicos que se están elaborando. Mientras tanto, las canteras están trabajando intensamente todos los días y el cambio que hemos tenido en el arroyo es brutal", denunció.
"Lamentablemente, el sistema CIDI no permite denuncias colectivas, pero esta presentación cuenta con el respaldo de toda la comunidad de vecinos, asociaciones ambientalistas y emprendedores tanto de un lado como del otro del lecho, la mayoría pequeños productores agropecuarios y vecinos que necesitamos se tengan en cuenta nuestros mismos derechos de poder trabajar con honestidad y sin perjuicios para con nuestro patrimonio e inversiones, así como con el del recurso ambiental y civil que se pierde día a día", agregaron los vecinos en el comunicado.
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Entrevista de Miguel Clariá.
