Los hechos se remontan al 16 de marzo, cuando en la Comisaría Comunitaria 33 de Sumampa, se presentó Ramón Cesario Molina, de 64 años, domiciliado en Paraje Paso de Oscares para denunciar formalmente a Alcides y Matías Acosta.
En la denuncia, Molina manifestó que posee un campo en el paraje Jumi Isla, colindante con el de los acusados, quienes le abrieron una tranquera y le rompieron el alambrado, lo que causó que sus animales se le escaparan. El hombre dijo que sólo logró recuperar a algunos de ellos.
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Días más tarde, Molina volvió a denunciar a los Acosta, argumentando que, junto a otras 15 personas y portando armas de fuego, garrotes y machetes, sacaron a golpes a sus familiares, por medio del cauce del Río Utis.
"Íbamos al campo y cuando entramos teníamos animales del vecino en nuestro campo, nos habían cortado un pasaje. No los fui a sacar porque estaba operada hacía 20 días", explicó Graciela Molina a Cadena 3.
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"Cuando mi hermano y mi marido decidieron sacar los animales para el lado del campo que había usurpado el vecino, de repente, llegaron unas 16 personas con palos, machete y armas de fuego y nos empezaron a golpear", relató.
Y agregó que ellos intentaron explicar: "'Esto no es tuyo, es de mi papá y de los hermanos', le decíamos y me empezaron a apuntar".
"Tengo todos los títulos de la propiedad, impuestos al día, todo", aseguró.
"Nos hicieron caminar como 6 km en medio del agua y les decía que no podía porque estaba operada, pero no nos tuvieron lástima: nos pegaban y nos hacían tiros en los pies", dijo y aseguró que "todos eran vecinos de la zona".
"Había además gente con tonada cordobesa y porteña. 'Nos decían 'no vayas a querer hacer denuncia, porque estamos metidos con gente de la Nación'", manifestó.
"Nos amenazaron, me dijeron que me iban a violar si no me tiraba al río y la verdad no quiero que esto le pase a ninguna otra persona", concluyó.
El examen médico les diagnosticó lesiones curables entre 10 y 15 días.
Las actuaciones fueron remitidas a la fiscal Victoria Sottini. Ya hay dos detenidos por las violentas agresiones.
El comunicado
Nosotros, productores campesinos y ciudadanos de la provincia de Santiago del Estero, hemos resuelto asumir la responsabilidad de dar a conocer a la opinión pública, la situación de violencia y amenaza constante que debemos afrontar quienes hemos decidido luchar por nuestras tierras.
Somos víctimas del delito de usurpación, -delito tipificado en el artículo 181 del Código Procesal Penal de la Nación-, que en virtud de la agudización de la violencia y de la notable inacción de jueces y fiscales, hemos decidido visibilizar las circunstancia que atravesamos centenares de ciudadanos en la provincia.
Asumimos esta difícil tarea a sabiendas que deberemos sortear el blindaje informativo local, blindaje reproducido por los grandes medios de comunicación provinciales y nacionales que dependen de la pauta oficial. Más aún, son los medios alternativos de comunicación, junto a los responsables de prensa de prestigiosas ONG`s quienes vienen acompañando, desde la distancia y el desconocimiento, el orquestado avance del delito en nuestra provincia.
Sabemos también que nuestra denuncia no se alinea con lo “políticamente correcto”, en tanto pone en cuestión el relato hegemónico sobre la “lucha campesina por la tierra” y sus actores; relato que parte de una mirada urbano centrista, romántica y casi folclórica.
Asimismo, intentamos comprender las mutaciones de éste fenómeno de expoliación, y hemos coincidido en nuevas caracterizaciones que adquiere el delito en nuestra provincia: LA USURPACIÓN ha devenido en una MODALIDAD DE ENRIQUECIMIENTO para algunos, en una CONTRAPRESTACIÓN para otros tantos, y en un OFICIO para muchos. Queremos contarles también los enormes daños que conlleva nuestra lucha por la tierra. ?
Daños económicos: Hemos visto destrozar nuestros cercos y corrales, quemar nuestras viviendas, perder nuestras cosechas. Hemos perdido muchos animales, pero además, nos vemos impedidos de atender a los pocos que nos quedan en pastoreo.
Daños físicos: Hemos sido víctima de golpizas en banda, por la noche o por la madrugada. Con machetes o palos, látigos o puños, hierros o armas de fuego. Algunos recibimos balazos en nuestros cuerpos y en nuestras propiedades.
Daños psicológicos: Vivimos en estado de amenaza constante. Insultos y amedrentamiento. Convivimos con la violencia latente y con la certeza de saber que, si necesitamos ir a la ciudad, seremos usurpados.
Mientras se multiplican Ministerios, Secretarías y Direcciones de Géneros, -con sus respectivos financiamientos-, aquí en el campo, son muchas las mujeres rurales que enfrentan en absoluta soledad la violencia machista y patriarcal. Al momento, ninguna organización feminista acompaña a nuestras mujeres en su lucha.
En nuestra asamblea, hemos coincidido también en relacionar el notable incremento de las denuncias por usurpación de tierras, con la triste premisa que nos conduce a sostener la existencia de complicidades; sobre todo, en los casos de las usurpaciones más violentas y más “apretadas”, tal es el caso de las protagonizadas por los pseudos movimientos de reivindicación campesina, como el sobre financiado Mocase Vía Campesina.
Queremos alertar también sobre la profundización del fenómeno de concentración de la tierra. Vemos con preocupación acrecentar la polarización: mientras millones de hectáreas ya se encuentran en manos extranjeras, se continúa avanzando sobre minifundistas, pequeños y medianos productores, expulsando familias campesinas en nombre, -paradójicamente-, de la agricultura familiar, y enarbolando la bandera de una falsa “propiedad comunitaria para la agroecología”.
Defendemos nuestra tierra y lo seguiremos haciendo, pues lo que está en juego es nuestra vida y el futuro de nuestros hijos. Pero con ello, también se pone en juego la continuidad del modo de vida rural de fuerte arraigo, que conformó parajes a lo largo de la historia; con una economía de autoabastecimiento e independencia que se pretende borrar, y con ello, la memoria del país que supimos ser. Nosotros, productores campesinos santiagueños, en este primer comunicado a la opinión pública, y en pleno conocimiento de nuestras obligaciones ciudadanas, venimos a denunciar la violación de nuestros derechos y garantías constitucionales.
POR LA TIERRA, EL ARRAIGO Y EN DEFENSA DE LA VIDA RURAL
Entrevista de Miguel Clariá.
