El fiscal federal de Salta Ricardo Toranzos imputó el martes, en una audiencia de formalización de la investigación penal, a 27 funcionarios, en su mayoría concejales, los delitos de defraudación a la administración pública en grado de tentativa e incumplimiento de deberes de funcionario público. Se trata de la cuarta pesquisa en este sentido.
La acusación se realizó ante la jueza subrogante Mariela Giménez, del Juzgado Federal de Garantías N°2 de Salta, quien luego de escuchar la presentación realizada por la fiscalía y los planteos efectuados por la defensa de algunos de los funcionarios, dio por formalizada la investigación penal en los términos expuestos por el Ministerio Público Fiscal.
Muchos del total de los 27 imputados son parte del espacio del gobernador Gustavo Sáenz, del PJ local o del Frente de Todos.
La audiencia fijó este miércoles el plazo de 50 días para llevar adelante la investigación.
La imputación se dio en una audiencia este miércoles e implica al ex director del ANSES, el intendente de Quebrachal, un diputado provincial y 24 concejales involucrados en el escándalo de IFE de julio pasado, en plena crisis económica en el marco de la pandemia.
“Se han cumplido dos etapas. Se ha agregado una tercera de funcionarios del Pami que cobraban el beneficio. Comenzamos a trabajar con 53 sospechosos y se aumentó a 57. Ahora hay 28 personas que tienen formalizada la investigación", dijo a Cadena 3 el fiscal de la causa, Ricardo Toranzos.
Según explicó el fiscal, el resto de personas que estaban señaladas continúan siendo investigadas y se trata de "reconstruir el viaje desde la solicitud hasta el Anses".
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“Cada uno de los casos son autónomos. Los tres funcionarios de Pami que fueron imputados ahora habrían ingresado a la entidad a principio de año. Hay otras investigaciones en Jujuy, Chaco y otras provincias", agregó.
Se trabó embargo por $60 mil a quienes cobraron el beneficio, en este caso Cari y Juárez, mientras que para el resto se fijó en la suma de $20 mil.
Los tres integrantes del PAMI imputados por los delitos de defraudación a la administración pública e incumplimiento de deberes de funcionario público son: Emilia Juárez (titular del Centro de Atención Personalizada que el PAMI en El Carril) , Viviana Beatriz Fernández (titular de la Agencia PAMI en Orán) y Javier Navarreta (titular del Centro de Atención Personalizada de PAMI en Embarcación).
La acusación no fue controvertida por las defensas de los acusados. La documentación bancaria respalda el cobro del IFE.
El juez dispuso 60 días hábiles para seguir con las actuaciones, los investigados deben presentarse cada 15 días en la delegación de Gendarmería más cercana, con el compromiso de no entorpecer la investigación y la prohibición de salir del país.
La lista de imputados
Vera Ramirez, Fabio Marcos Jesus, ex director de Anses UDAI Salta Sur; Rojas, Rolando Rodolfo, intendente de Quebrachal; Acosta Osbaldo Francisco, diputado provincial; Aleman, Guillermo Sebastián, concejal de Aguaray; Arroyo, Raúl, concejal de Salvador Mazza; Barraza Héctor Ramón, concejal de Orán; Basterra, Iván Alexander, concejal de Pichanal; Brete, Paula, concejal de General Pizzaro; Concha, Silvia Alejandra, concejal de Hipólito Irigoyen; Davila, Juan Carlos, concejal de Embarcación; Díaz Magnelli, Alfonsina del Pilar, concejal de Güemes; Egue, Noemí Raquel, concejal de Embarcación; Gutierrez, Guillermo Fernando, concejal de Las Lajitas; Leal, Analía Jezabel, concejal de Oran; López Norberto Fidel, concejal de Seclantás; López, Maribel Jimena, concejal de Santa Victoria Este; Luna Castro, Hugo Ramón, concejal de Cachi; Pereyra, Francisco Pastor, concejal de Rivadavia Banda Norte; Perez, Stella Maris, concejal de Güemes; Raposo, Walter Alberto, concejal de Chicoana; Rosas, Marcos Leonardo, concejal de Rosario de Lerma; Sanchez Ricardo Rosendo Rafael, concejal de Cachi; Sanchez, Carlos Eduardo, concejal de Potrero; Silva, David Rene, concejal de Güemes; Subelza, Claudia Elizabet, concejal de Salvador Mazza; Tilca, Daniel, concejal de Vaqueros y Valdiviezo, María Ester, concejal de Salvador Mazza.
Argumentos de las defensas
Al prestar declaración durante la audiencia los funcionarios buscaron desvincularse de los hechos brindando disímiles explicaciones respecto a las gestiones imputadas por la fiscalía.
Algunos de ellos, por ejemplo, directamente negaron haber ingresado sus datos en los trámites virtuales para el cobro del IFE y pidieron que se investigue al respecto a fin de determinar a los presuntos responsables, ya que se sentían perjudicados.
Otros, en tanto, sostuvieron que tampoco ingresaron sus datos, aunque sí dijeron que conocían a las personas que lo hicieron, oportunidad en que culparon a hijos, militantes y hasta una nuera, entre otros allegados y familiares.
Otra de las coartadas brindadas se resumió en que el ingreso de datos y gestiones se hizo a fin de conocer cómo eran los pasos para así ayudar a pobladores que acudían a ellos con distintas preguntas sobre las gestiones a realizar.
También reconocieron haber ingresado los datos con el fin de elaborar instructivos o tutoriales, mientras que otros acusaron señalaron que muchos empleados nacionales y provinciales incurrieron en las mismas maniobras y pidieron que también sean investigados.
Informe de Elisa Zamora.
