Un fiscal federal de Santa Fe denunció y pidió las indagatorias del ex jefe de la delegación de la Policía Federal Argentina (PFA), Marcelo Lepwalts, y de otros cinco integrantes de esa dependencia acusados de haber desarrollado “un sistema recaudatorio” para cobrar protección a narcos y utilizar drogas secuestradas para “embagallar” a otros.
Según las escuchas telefónicas en las que se basa la acusación, este sistema era para “todos por igual” y “sin importar jerarquías”.
“El sistema incluía el ofrecimiento de cobertura policial a personas presumidas de realizar actividades delictivas a cambio de una suma de dinero periódica, la cual se mantenía vigente hasta que se decidía que, como se verificó en algunos casos, debían ser privadas de su libertad ambulatoria por no resultar funcionales al sistema”, describió en la denuncia del fiscal Walter Rodríguez.
El funcionario judicial pidió las indagatorias de Lepwalts y los integrantes de la delegación Cristian Pablo Bogetti, Michael Juan Arbildo, Carlos Fernando Gómez Navarro, Darío Alberto Duarte y Lucas Leonel Bustos, algunos de los cuales tenían antecedentes de sumarios administrativos por su desempeño en la localidad cordobesa de Villa María, destino anterior a Santa Fe.
Lepwalts, Bogetti, Arbildo y Gómez Navarro fueron procesados en mayo último por los delitos de "falsedad ideológica, encubrimiento, alteración de pruebas e incumplimiento de los deberes", mientras que la misma resolución procesó a Duarte y a Bustos por "tenencia simple de estupefacientes".
La delegación Santa Fe fue allanada el 9 de mayo y en el inmueble se secuestró dinero en efectivo -que el fiscal presume como parte de la recaudación ilegal- y estupefacientes que según la investigación no pertenecían a ningún caso oficial.
En la denuncia, el fiscal Rodríguez señaló que un grupo de policías conformó una asociación ilícita, entre el 23 de marzo de 2018 y el 9 de mayo pasado, cuando fue detenido y allanada la delegación.
La presentación se fundó en la declaración del padre del policía Gómez Navarro, quien describió ante el fiscal la presunta existencia de un sistema recaudatorio institucional y ascendente en la jerarquía de la PFA.
Según la acusación, en una de las escuchas del 23 de diciembre de 2018, Arbildo le dijo a Gómez Navarro: “Te diste cuenta que es todos por igual... sin importar jerarquía.”
“Sí, olvídate. A mí me incluyeron”, respondió el segundo, a lo que Arbildo agregó: “Y eso es lo bueno de este grupo”.
Por su parte, Rodríguez sostuvo que “resulta de imposible cumplimiento una investigación dirigida a revisar ‘la historia’ de una institución”, por lo que acotó la pesquisa al plazo antes indicado y a la delegación santafesina de la fuerza.
A su vez, el fiscal desechó el testimonio del padre de Gómez Navarro al tratarse de un familiar de un imputado en otro caso, aunque lo valoró como “elemento indiciario”, que cotejó con otros expediente en los que están involucrados los policías y con una pesquisa realizada por el Organismo de Investigaciones (OI), que depende del Ministerio Público de la Acusación (MPA) provincial.
Para el fiscal, la investigación halló la presunta “configuración de un sistema de recaudación ilegal nutrido cuanto menos por utilidades provenientes del narcotráfico y que tenía como objetivo principal el lucro personal de cada uno de sus integrantes”.
Y sostuvo que “el mecanismo recaudatorio” procuró “la obtención de dinero así como de material estupefaciente de parte de personas vinculadas al tráfico de sustancias ilícitas, mediante interceptaciones de manera sorpresiva o durante la ejecución de medidas judiciales”.
“Los resultados de tales procedimientos en algunas oportunidades eran ocultados -en todo o en parte- a las autoridades judiciales, y en particular el dinero obtenido, era distribuido por partes iguales entre el personal policial que integraba el grupo, y en el caso del material estupefaciente, una porción resguardada para ‘embagallar’ en futuros procedimientos”, continuó.
Tras la detención de Lepwalts, la delegación Santa Fe de la PFA quedó a cargo del comisario Mariano Valdés, quien en septiembre último estuvo envuelto en un tiroteo en el que fue herido en la autopista Buenos Aires-Rosario.
Dos fiscales rosarinos revelaron que el comisario había dialogado con las personas con las que se tiroteó –aunque declaró que había sido un intento de robo al voleo- y descubrieron restos de estupefacientes en las ropas del oficial y en un bolso que desapareció de la escena del hecho y fue secuestrado unas semanas después en la delegación.
Valdés y su segundo fueron imputados por mal desempeño, alteración de pruebas y otros delitos, y el expediente se encuentra en un conflicto de competencia entre las justicias ordinaria y federal.
Además, el mismo fiscal pidió que se investigue Mariano Valdés por un sistema de recaudación de cobro de coimas a los "arbolitos", las personas que compran y venden dólares en la vía pública. Según trascendió, el jefe policial "solicitaba un listado de gente con el fin de que hagan un aporte solidario".
Roncaglia se desligó de acusaciones que puedan implicarlo
Néstor Roncaglia, jefe de la Policía Federal, negó "enfáticamente" la existencia de una trama verticalista que se extienda más allá de los involucrados.
El jefe policial reiteró que todas las pruebas y elementos que permitieron iniciar las investigaciones fueron aportadas por la Superintendencia de Asuntos Internos de la fuerza, a instancias del propio Jefe Roncaglia, quienes realizaron una exhaustiva investigación con el objeto de acercar elementos probatorios a la Justicia.
Las mismas fueron el basamento para lograr la detención y el procesamiento en mayo último del Jefe de la Delegación Santa Fe, Comisario Marcelo Octavio Lepwalts, junto al Principal Cristian Pablo Bogetti, el Ayudante Michael Juan Arbildo, el Cabo 1º Lucas Leonel Bustos, el Cabo 1º Darío Alberto Duarte y el Agente Carlos Fernando Gómez Navarro, por los delitos de "Tráfico de estupefacientes, falsedad ideológica, encubrimiento, alteración de pruebas e incumplimiento de los deberes de funcionario público", en la causa Nro FRO 2792/19 y en la causa Nro FRO 12400/17 por los delitos de “Infracción a la Ley 23737”.
Asimismo, Roncaglia indicó que a partir de ese momento, "todos los jefes y superiores directos de los involucrados fueron apartados inmediatamente de la institución como medida preventiva dispuesta en el marco de las actuaciones administrativas que se instruyen".
Por otra parte, Roncaglia recordó además que, luego de reunirse con el fiscal de la causa, "puso a su disposición todos los recursos humanos y materiales de la institución para cooperar con la investigación", al tiempo que recordó sus manifestaciones en rueda de prensa: “No escondemos la basura debajo de la alfombra. Si bien estas cosas duelen y no causan satisfacción, debemos hablar de frente y sacar a los que no sirven".
En un comunicado, se aseveró que "el personal policial integrante de la Delegación Santa Fe fue investigado y detenido por la propia Policía Federal, evidenciando que no existe ningún grado de tolerancia ni flexibilidad para todo aquél integrante de la fuerza que se aparte de la legalidad, configurando una infamia el intentar hacer extensivos a la institución y su conducción nuevos delitos que habrían sido cometidos por el mismo personal investigado en una trama que se agota y circunscribe a dichos protagonistas y en dicho limitado ámbito territorial".
Informe de Matías Arrieta.
