Las claves del escándalo de los uniformes de la Guardia Urbana

-El lunes 11 de marzo, día de la presentación oficial de la Guardia Urbana Municipal (GUM), la concejal radical Elisa Caffaratti denunció presuntas irregularidades en la contratación directa de la empresa YCHE, una sociedad de acciones simplificadas, creada en junio de 2023 por el policía Sebastián Aguilera y militante oficialista Fernando Vich, ambos oriundos de la ciudad de La Calera.

-El monto de la compra de 400 chombas, 400 pantalones y 400 zapatos tipo trekking ascendió a $99.220.000.

-La objeción de los ediles opositores se centraba en el apuro por contratar a una empresa que no tenía experiencia en el rubro, con un objeto social muy amplio y con un capital inicial de apenas 180 mil pesos.

-Consultados al respecto, el mismo lunes por la tarde desde el municipio indicaron a Cadena 3 que "todo estaba en orden" y que el proceso de compra se realizó "con el control estricto del Tribunal de Cuentas, que no presentó objeciones".

El argumento municipal para la contratación directa se fundó en los incisos 1 ("urgencia manifiesta") y 6 ("median razones de seguridad") del artículo 10 de la ordenanza 12995, que establece el régimen de Compras y Contrataciones de la Administración Pública Municipal.

-El martes, este medio publicó detalles de la diferencia de precios que existían entre el monto convenido por cada uniforme y los de mercado. Como ejemplo se tomó el costo por unidad que publica un comercio de la principal marca del rubro en internet.

Por la compra total se ordenó pagar $48.400 por cada chomba; $102.850 por cada pantalón y $96.800 por el calzado.

En internet se consiguen chombas similares por $12.900, Pantalones por $26.500 y zapatillas por menos de $47.000. En negocios del rubro, por cantidad, los precios son aún 50% más baratos.

-Ese mismo día el concejal Martín Juez (Frente Cívico) mostró en sus redes que el domicilio donde funciona YCHE, en barrio Cocca de La Calera, es la humilde vivienda de Aguilera y difícilmente allí se puedan confeccionar uniformes.

-El miércoles por la noche, en medio de la polémica, el diario La Voz del Interior publicó que el intendente Daniel Passerini decidió dar de baja el contrato y le pidió la renuncia al subsecretario de Seguridad y Prevención Comunitaria de la Municipalidad, el excomisario Walter Luján.

"Aunque no se detectaron irregularidades administrativas, sí hubo una demora en la entrega de los uniformes y se decidió cancelar la compra sin pagar un peso", dijeron fuentes del Palacio 6 de Julio no especificadas por el matutino. Se trató de la única versión oficial sobre esta cancelación.

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-Este jueves, Cadena 3 confirmó que el cabo primero Sebastián Aguilera en enero último pasó a la Municipalidad de Córdoba, al área de Seguridad. Como no pasó a retiro, conserva el estado policial. No está claro quién pidió que fuera a la ciudad. Menos de un mes después, su empresa resultó contratada, de manera directa y por una suma millonaria, para proveer los uniformes a la Guardia Urbana.

Según la misma ordenanza citada anteriormente está prohibido que celebren contratos con el Ejecutivo "los agentes y funcionarios del Estado Municipal y las empresas en las cuales aquellos tuvieron participación social o cargos con facultad decisoria (...)". Los policías tampoco pueden ser proveedores del Estado.

-El municipio volvió sobre sus pasos -ya no estaría "todo en orden" como argumentó solamente 72 horas antes- y convocaría a una licitación.

El dato no es menor ya que esa modalidad demanda más tiempo y el argumento inicial de Claudio Vignetta - el secretario de Seguridad y Prevención Comunitaria que hizo el pedido de contratación, revisado según consta en el expediente del Tribunal de Cuentas por el secretario de Administración Pública Sergio Lorenzetti- fue precisamente la urgencia.

Informe de Guillermo López y Juan Federico