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Conflicto salarial
Organizaciones gremiales repudiaron la detención y hablaron de "criminalización de la protesta social. El Procurador general, Alejandro Gullé, dijo a Cadena 3 que Roberto Macho ya tiene cinco causas.
El secretario general de la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), Roberto Macho, fue liberado anoche tras haber sido detenido el martes e imputado por el fiscal Fernando Giunta en cinco hechos por "entorpecimiento de la circulación del transporte público", informaron fuentes judiciales.
La Justicia fijó una caución de 50.000 pesos en la causa que se le inició.
El pedido de revisión de las actuaciones fue tratado por el magistrado Juan Manuel Pina González, quien resolvió que Macho dejara la penitenciaría de San Felipe, en Mendoza, al analizar los argumentos de las partes.
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El martes, Macho, su pareja Adriana Iranzo, y otros tres compañeros fueron detenidos tras participar de asambleas ante el rechazo de la última propuesta de incremento salarial que realizó el gobierno provincial, cuando fueron trasladados a la Comisaría Tercera en Ciudad, pero sólo el titular de ATE fue encarcelado.
“Se los imputó por cinco causas del artículo 194, que es el entorpecimiento de la circulación del transporte público, que son los cortes de calle”, se informó desde Tribunales.
Por su parte, desde diversas organizaciones gremiales repudiaron las detenciones y apuntaron a que se trata de una muestra "de criminalización de la protesta social".
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El Consejo Directivo Nacional de ATE, liderado por el sindicalista Hugo "Cachorro" Godoy, repudió en un comunicado la detención de los gremialistas, que fueron apresados luego de que "efectivos de la policía provincial cruzaron los patrulleros delante de los automóviles de los dirigentes", y expresó que el gremio "no permitirá que se criminalice y persiga las luchas de las y los trabajadores".
Macho y sus compañeros participaban el martes de asambleas ante el rechazo de la última propuesta de incremento salarial que realizó el Gobierno provincial, cuando fueron detenidos por la policía y trasladados a la comisaría tercera de la ciudad de Mendoza.
"La detención de los dirigentes en Mendoza da cuenta de una clara persecución política e ideológica", expresó en un comunicado el secretario adjunto nacional de ATE, Rodolfo Aguiar.
“Es una grave afectación del derecho constitucional de peticionar libremente ante las autoridades", subrayó Aguiar y exigió su "inmediata liberación".
La conducción provincial de ATE demanda "hace más de un mes" al gobernador mendocino Rodolfo Suárez un aumento de "emergencia" para los salarios de los trabajadores estatales.
En tanto, Mario Muñoz, uno de los dirigentes de ATE a nivel nacional, encabezó este miércoles una nueva marcha de protesta por el microcentro mendocino, que sumó a los reclamos salariales el pedido de libertad contra el dirigente detenido.
Al pedido de liberación de los detenidos también se sumaron dirigentes de distintos espacios políticos.
"La criminalización de la protesta, en ninguno de sus formatos, puede ser considerada una opción por parte de los gobiernos", dijo vía Twitter el diputado del Frente de Todos (FdT) y secretario General de la Central de Trabajadores de la Argentina (CTA), Hugo Yasky.
En el mismo sentido, se expresó la senadora del FdT y presidenta del Partido Justicialista (PJ) mendocino, Anabel Fernández Sagasti: "Criminalizar la protesta e ir contra el justo reclamo de los trabajadores es la verdadera cara de quién dice ser ''dialoguista'' y democrático", tuiteó Fernández Sagasti junto a un comunicado del PJ de Mendoza.
"Las detenciones y encarcelaciones de líderes sindicales ejecutados por la Policía de Mendoza en las últimas horas son inaceptables y violan todos los principios democráticos", indicó el PJ mendocino.
Por su parte, la diputada por el Frente de Izquierda Unidad (FIT-U) Myriam Bregman consideró al hecho como "una locura antidemocrática" y pidió la "inmediata libertad" de los detenidos, mientras que su par Nicolás del Caño repudió el "accionar" de la Justicia y el Gobierno mendocino por "perseguir y encarcelar" dirigentes sindicales, sociales y políticos.
En tanto, desde el penal de San Felipe -donde permanece detenido- Macho envió un video: "Me han detenido por luchar con ustedes, por defender una causa que llevo en el corazón que es defender la reivindicación de los derechos de todos nosotros".
"Lo que tenemos que tener presente es que el gobierno de Rodolfo Suárez, al no poder parar este gran paro que se está llevando adelante y ya lleva 53 días, lo que ha intentado hacer es lo mismo que hicieron distintas dictaduras: tratar de llevar presos a los diferentes dirigentes sindicales y sociales", apuntó el líder sindical.
Un grupo de legisladores provinciales del Frente de Todos concurrieron esta mañana al penal de San Felipe para interiorizarse sobre la detención del gremialista y denunciaron "disciplinamiento" por parte del gobierno provincial.
Según informaron, una de las detenidas -liberada hoy- es integrante del Consejo Partidario del Partido Justicialista.
En ese sentido, aclararon que además de Macho y dirigentes de ATE también se libró una orden de detención contra Patricia Irrutia, quien ocupa la secretaría gremial del PJ, situación que generó máxima preocupación entre los legisladores de ese espacio.
"No es sólo persecución gremial, sino también política", denunciaron.
La delegación de legisladores que se acercó al penal estaba integrada por Néstor Márquez, Cecilia Juri, Florencia Canalí, Helio Perviú, y Adriana Cano, quienes no pudieron ver a Macho ya que se encuentra alojado en un pabellón de aislamiento por protocolo Covid.
"Queremos manifestar nuestra disconformidad absoluta con su detención. Creemos que tiene características políticas y de disciplinamiento por parte del Gobierno provincial a través de sus herramientas judiciales. Hay una cuestión selectiva en cuanto a la aplicación de la ley", denunció Márquez al salir del penal.
Por su parte, Alejandro Gullé, el Procurador general, dijo a Cadena 3 que no se trata de una sanción a las protestas sociales.
"Macho ya tiene cinco causas con escala penal de tres meses a 10 años. Pasó todos los límites permisibles, no es sancionar a las protestas, nada que ver", expresó.
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