Menor reincidente: la jueza Benedito explicó por qué no puede quedar detenido

Los conflictos de menores en la ley penal han cobrado una centralidad significativa en el debate público, especialmente tras la reiterada intervención de un adolescente de 15 años, que ya fue detenido 18 veces en lo que va del año. 

En este marco, la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) solicitó a la justicia una medida excepcional para este adolescente, pero la justicia solo aplicó una restricción de acercamiento al barrio donde delinque. Según explicó la jueza de menores de Córdoba, Ileana Benedito, el adolescente no puede ser privado de libertad debido a las restricciones legales vigentes.

“No puedo conceder lo que la SENAF pide, que es una medida excepcional de privación de libertad. No corresponde que lo haga porque no sería legal”, afirmó Benedito a Cadena 3. En lugar de eso, propuso una restricción que impida al menor regresar a su barrio, argumentando que “esto es para modificar el ambiente territorial donde este chico se ha manejado”. 

Sin embargo, Benedito también reconoció que las medidas adoptadas hasta ahora no han funcionado, lo que genera preocupación sobre el futuro del menor.

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En ese sentido, aclaró: "Hay exigencias internacionales que tiene el Estado y cuyo incumplimiento genera responsabilidad internacional. Entonces, cuando yo digo que el menor es no punible, no puede ir el Complejo Esperanza porque es una medida privativa de libertad, no lo digo desde un lugar caprichoso ni de oportunidad, sino que no lo puedo hacer porque el sistema legal provincial, nacional, convencional, constitucional, no me lo permite".

Por otra parte, en cuanto a las medidas sobre este menor, reconoció que "el abordaje que se ha realizado hasta el momento no ha funcionado” y señaló que por ello instó a la SENAF a diversificar las estrategias utilizadas en el tratamiento del menor. 

"El Estado está obligado por ley a agotar todos los recursos del sistema de protección”, subrayó, destacando la responsabilidad que tienen las autoridades en la contención y el apoyo a estos jóvenes.

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Indicó que la restricción al menor también tiene que ver con la seguridad del mismo adolescente y los efectos que puede tener la estigmatización en su barrio. "Tiene que haber otra forma desde la interdisciplina en que se pueda trabajar con el adolescente y con el grupo familiar", planteó.

La jueza reiteró que, en los casos de menores de edad, que no han cumplido los 16 años, deben quedar a disposición de la SENAF, pero en este caso las medidas no habrían funcionado y por eso se le pidió una nueva estrategia. “El Estado no puede decir se nos acabaron los recursos, esa no es una respuesta estatal. El Estado está obligado por ley a agotar más el sistema de protección específicamente hasta el último de los recursos, incluida la cooperación internacional”, planteó Benedito.

También reflexionó sobre las contradicciones en la legislación que permite que un adolescente tenga pleno derecho a decidir sobre su salud reproductiva, pero no se le considera capaz de entender las implicancias de sus actos delictivos. 

"La ley marca la edad de 10 años para que una persona pueda conocer la diferencia entre lo que está bien y lo que está mal”, explicó, añadiendo que la comprensión de un menor sobre sus actos es compleja y está influenciada por su desarrollo emocional y social.

Por último, en cuanto a este caso en particular apuntó hacia la SENAF y dijo que han intervenido las tres juezas de menores de Córdoba, y señaló que se están investigando las conductas de las autoridades del sistema de protección. “El organismo de protección no habría cumplido lo que la ley dispone. Entonces se avisa al Foro de Adultos para que investigue para ver si se da algún delito penal en relación a estas autoridades”, advirtió.

Entrevista de Miguel Clariá