Para denunciante, el párroco sabía que no debía refaccionar

Francisco Barreiro, uno de los integrantes de la Asociación Amigos del Museo dijo a Cadena 3 que "el cura –procesado por "daños arqueológicos irreparables" en la Iglesia de la Merced de Alta Gracia– sabía que no debía refaccionar el templo".

"En octubre de 2010, había sido notificado por carta documento por parte de la familia Lozada –viejos poseedores de la estancia– que se abstuviera de hacer cualquier tipo de intervención, informándole que en el subsuelo de la iglesia subyacían restos de la familia Lozada y del fundador Manuel Solares", indicó.

Y dijo: "La remoción del piso nunca debió haberse hecho sobre todo sin haber tenido la intervención de arqueólogos que es el lo que establece la ley".

"Estamos hablando de un Monumento Histórico Nacional y reconocido yacimiento arqueológico protegido por la ley 25.743 que establece que cualquier persona que encuentre un resto presumiblemente arqueológico debe dar aviso a las autoridades", precisó.

Asumió que "hacia falta una intervención" pero advirtió que pero "no hacía falta un equipo de aire acondicionado" como se justificó el sacerdote.

Y cuestionó que las obras se escondieron: "Se cerró la iglesia, se ocultó y se taparon todos los espacios por donde podía llegar a verse algo mientras que el cura decía que no había impacto sobre patrimonio arqueológico".

"Se realizaron verdaderas trincheras de dos metros de profundidad y un metro de ancho en forma longitudinal por la nave central del edificio", sostuvo.

Aclaró que no fue la asociación la que realizó la denuncia penal pero que sí aportó datos para llevar a cabo la investigación.

"La presentación judicial la realizó el Defensor del Pueblo de la Nación a partir de un pedido de informe que realizó la senadora Norma Morandini, nosotros no participamos en la denuncia penal pero sí hicimos un aporte detallado y contextualizado de toda la información que teníamos, a los datos que aportaron los arqueólogos", puntualizó.

El cura párroco Marcelo Siderides fue procesado bajo la acusación de "haber ocasionado un daño arqueológico irreparable” en el interior del templo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la Unesco parte de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco). También fueron procesados tres arquitectos de la Universidad Nacional de Córdoba.