Pese al crimen, ¿podrá la familia Albareda cobrar la indemnización millonaria?

La situación que generó el crimen de Susana Beatriz Montoya, donde el principal acusado es su hijo Fernando Albareda se torna cada vez más compleja. 

El homicidio reveló una trama de dinero y controversias que sacuden tanto el ámbito penal como el administrativo.

En este marco, el fiscal Juan Pablo Klinger aceptó que el hermano de Fernando, Ricardo Albareda, se constituya como querellante en el proceso penal.

Se sostiene que es abundante la prueba que compromete al militante de derechos humanos, Fernando. Este crimen, que ocurrió el 1 de agosto en barrio Ampliación Poeta Lugones, ha dejado a la familia Albareda en el centro de un escándalo que trasciende lo judicial.

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En el ámbito administrativo, la controversia gira en torno a un pago de 76 millones de pesos que se acordó como reparación histórica al legajo de Ricardo Fermín Albareda, padre de Fernando, desaparecido durante la última dictadura militar. Fernando logró que la provincia de Córdoba le otorgue 50 sueldos a él y a su madre. Además, se ha iniciado un reclamo a la caja de jubilaciones que podría duplicar o incluso triplicar esta cifra. 

En diálogo con Cadena 3, el abogado previsionalista Fernando Viera explicó que "los herederos pueden continuar con el reclamo, generando un capital que consistirá en el retroactivo de las prestaciones". 

Esto significa que, a pesar del fallecimiento de la beneficiaria, el reclamo podría seguir su curso.

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"Cuando fallece una persona que hace un reclamo contra algún organismo previsional, el producto de ese juicio, si tiene resultados favorables, forma parte del acervo hereditario y, obviamente, hace necesario que previamente exista una declaratoria de herederos para que quienes lo suceden puedan efectivamente en el futuro percibir ese patrimonio", detalló.

Cabe recordar que la familia Albareda, después de la reparación histórica del legajo, avanzó primero hacia el interior de la Policía y logró que la provincia le pagara 76 millones de pesos por haber ascendido post-mortem al subcomisario Ricardo Fermín Albareda. Y, al mismo tiempo, inició otro trámite administrativo buscando otra reparación millonaria en la Caja de Jubilaciones, trámite que aún está en proceso y que podría llegar a buen puerto. 

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La pregunta que surge es si Fernando Albareda, de ser condenado, podría beneficiarse de este dinero. Ahí se abre un debate jurídico y por eso es clave la figura que utiliza el fiscal Klinger, cuando habla de un crimen por codicia, justamente para quedarse con los 76 millones de pesos que le iba a pagar la provincia.

Si es condenado por codicia, su hermano, Ricardo, puede accionar en contra de Fernando y decir que no le corresponde porque mató para quedarse con todo ese dinero.

Informe de Juan Federico