Vialidad: el Gobierno impulsa un reclamo millonario contra Cristina Kirchner

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El Gobierno nacional decidió avanzar con una demanda civil contra Cristina Kirchner por un monto superior a 22.000 millones de pesos. Esta acción se produjo tras la confirmación de la sentencia condenatoria en el caso Vialidad por parte de la Cámara de Casación, que implicó a la exvicepresidenta y a otros acusados.

Los abogados de Vialidad Nacional, bajo la actual administración, enviaron la resolución al juez Civil y Comercial, Marcelo Dos Santos, para continuar con el expediente. 

La condena, que fue ratificada y que ahora será revisada por la Corte Suprema, establece que Cristina Kirchner y los demás implicados son responsables tanto penal como civilmente por los daños al Estado.

En diciembre de 2022, luego de que el Tribunal Oral Federal 2 (TOF 2) dictara la sentencia condenatoria contra Cristina Kirchner, Lázaro Báez y José López, la Corte Suprema reactivó una demanda civil que había sido iniciada en 2019 por la gestión de Mauricio Macri. 

En ese momento, se determinó que el Juzgado en lo Civil y Comercial Federal N°11, dirigido por Alejandro Nobili, debía encargarse de la acción civil contra CFK por los perjuicios causados al Estado a raíz de contratos viales adjudicados a Báez en Santa Cruz.

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Sin embargo, el caso fue trasladado posteriormente al Juzgado en lo Civil y Comercial 2, a cargo del juez Marcelo Bruno Dos Santos, quien recientemente rechazó un pedido de Cristina Kirchner para declarar la caducidad del proceso. La defensa de la actual presidenta del Partido Justicialista argumentó que el expediente no había tenido movimiento alguno desde octubre de 2023, cuando Alberto Fernández estaba en el poder.

Dado que la demanda civil fue iniciada por el Estado durante la gestión macrista, corresponde al gobierno actual impulsar el avance del reclamo a través del Procurador del Tesoro, quien en la administración anterior fue Carlos Zannini. Por este motivo, la defensa de Cristina sostuvo que el expediente había estado inactivo desde el 19 de octubre de 2023, con el último movimiento registrado el 18 de octubre de ese año.

Con la intervención de la Corte Suprema pendiente, Vialidad Nacional solicitó que se considerara lo resuelto en las actuaciones penales. En su análisis, la asesora letrada del organismo vial afirmó que "la lectura de lo allí expuesto luce la ponderación material probatorio de los extremos fácticos que motivaron tanto la acción penal como la acción civil que aquí nos ocupa".

Según recordó el diario Clarín, este reclamo se originó en agosto de 2019, cuando la Dirección de Vialidad Nacional presentó una demanda por daños y perjuicios de 22.300 millones de pesos contra Cristina Kirchner, Báez y otros imputados en el caso de corrupción en la obra pública vial. 

La cifra exigida por la gestión de Macri corresponde al 50% de los contratos adjudicados que no se completaron, pero que se pagaron con sobreprecios, lo que llevó a la conclusión de que los acusados debían resarcir el daño económico de forma solidaria.

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Al inicio del juicio penal, el monto por las 51 licitaciones adjudicadas a Báez ascendía a 46.000 millones de pesos. Sin embargo, los jueces que condenaron a Cristina señalaron que existió "una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública".

El Tribunal determinó que la defraudación total fue de 85.000 millones de pesos, cifra que resultó de la suma de las actualizaciones realizadas sobre cada uno de los valores nominales al momento de verificar la diferencia de costo, ajustada mediante el índice de precios al consumidor.

Además, se indicó que, al finalizar el proceso penal, “la cifra demandada en el fuero Civil y Comercial deberá actualizarse”, lo que implicaría que superaría los 22.300 millones de pesos.

La diputada nacional Roxana Reyes plantea un reclamo por la recuperación de fondos relacionados con "el saqueo del Estado".

Reyes destacó en diálogo con Cadena 3 que, en Chaco, por ejemplo, "se han destinado fondos millonarios a esta provincia, y no son auditados". 

También sostuvo que la falta de control en la obra pública en Santa Cruz permitió que se generen obras que no se terminan o se cobran varias veces. Un ejemplo es la autovía Comodoro-Caleta.

La diputada mencionó que "no solo se trata de juzgar a los responsables, sino de recuperar lo que se llevaron". Aseguró que la vía civil debería ser efectiva, ya que en cualquier contrato privado, si alguien cobra y no realiza la obra, enfrenta consecuencias legales. Sin embargo, cuando el Estado es el estafado, la situación se complica.

"Celebro que esto se reactive, porque es en definitiva el cuidado de la cosa pública", dice Reyes, enfatizando la necesidad de defender los intereses del Estado. Además, señaló que en Santa Cruz se destinaron recursos públicos nacionales a obras provinciales sin la debida auditoría.

La diputada expresó su expectativa de que los responsables de este saqueo sean condenados, afirmando que "somos testigos vivos de lo que han saqueado". Reyes se mostró optimista sobre la posibilidad de que se logren condenas, que aunque simbólicas, son necesarias para restaurar la confianza en el sistema.

Finalmente, mencionó que los abogados de Vialidad reclaman 22 mil millones de pesos, una cifra que refleja el daño causado, pero que también representa un llamado a la acción para "erradicar la corrupción en el país".

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Entrevista de Miguel Clariá y Luis Fernández Echegaray.

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