La presidenta de la Asociación Civil Usina de Justicia, Diana Cohen Agrest, en diálogo con Cadena 3 denunció que un grupo de jueces usó a la pandemia para liberar a los presos.
“No se trata de un problema edilicio ni sanitario, sino ideológico, que nos azota desde hace años, y que tiene que ver con que no podemos salir a la calle seguros”, aseguró la doctora en filosofía.
“No culpo a los presos, culpo a los jueces. Son ellos los responsables, que con sus firmas asesinas ensucian a todos”, agregó.
Usina de Justicia presentó en las últimas horas ante la Cámara Nacional en lo Criminal y Correccional un recurso de amparo contra las excarcelaciones masivas de detenidos sin ningún fundamento ni control.
El escrito cuestiona la Acordada N° 5 de la Cámara Nacional de Casación Penal, “que instruye a los jueces inferiores a arbitrar los medios para descomprimir las cárceles con recomendaciones imperativas al respecto, lesionando la independencia de los magistrados, que son los únicos que pueden decidir atendiendo a la ley, las circunstancias del caso y el debido proceso penal”.
El recurso presentado funda la premura en tratar el asunto ante “La inminente conculcación de los Derechos y Garantías de las Personas Víctimas de Delitos y también por la indudable violación al principio constitucional de independencia de los jueces, lo que motiva la necesidad de un pronunciamiento inmediato y urgente suspendiendo, cautelarmente, la vigencia de la Acordada nro. 5/2020”.
El amparo es contra todos los integrantes de la Cámara de Casación Nacional, porque “la Acordada 5/2020 dio directivas a los jueces para que dispongan prisiones domiciliarias pero no pueden indicarle a los jueces cómo deben obrar en sus causas. Eso viola el principio de independencia. El amparo se basa además en que también se violó la Ley de Víctimas, porque no se les dio intervención previa para que ejerzan sus derechos”.
En este sentido, Cohen Agrest consideró que “la liberación de presos en aras de un bien sanitario es una falacia, un razonamiento falso”.
“No se impide la propagación del virus liberando masivamente a los presos, ya que si estaban detenidos por orden judicial era porque habían roto la ley cometiendo delitos, y nada indica que ahora vayan a cumplirla manteniendo una cuarentena, lo que implica un nuevo riesgo sanitario para ellos, y para el resto de la población. Pero lo peor es que, bajo el lema de erradicar la superpoblación carcelaria lo que en realidad de promueve es el beneficio de la impunidad y la existencia posible (muy posible) de nuevas víctimas”, señaló.
"La disposición de Casación viola derechos y garantías constitucionales y por eso iniciamos una acción colectiva en defensa de los intereses de las víctimas y sus familias. En función de la ley 27.372 las víctimas tienen el derecho a ser informadas y notificadas de toda decisión que afecte las condiciones de detención del imputado o condenado, como ser salidas transitorias, libertad condicional o prisión domiciliaria. Las víctimas y sus familiares quieren que se cumplan las penas de los homicidas y violadores y quieren intervenir en todas las etapas del proceso, tienen derecho a ser escuchadas. Es un derecho humano", reclamó la presidenta de Usina de Justicia.
"La sociedad ve con angustia la liberación masiva de presos pertenecientes a penales federales y provinciales. Delincuentes peligrosos, autores de delitos varios, contra la vida, la integridad sexual, la propiedad, en causas de corrupción", señaló Cohen Agrest y denunció: "La iniciativa es política: comenzó desde la mismísima Secretaría de Derechos Humanos de la Nación, a partir de una ideología que no cree en la pena ni en el derecho penal, enquistada en muchos, que ve en el criminal un producto social, no un autor responsable de su conducta delictiva por la cual debe pagar. La excusa esta vez es el Covid-19".
Para la organización que nuclea familiares de delitos graves, la superpoblación, el hacinamiento y las pésimas condiciones de las cárceles hacen que se necesiten medidas adicionales o especiales para evitar la propagación de la pandemia. Y prevenir el riesgo en caso de personas vulnerables. “El Estado no quiso y no quiere gastar en infraestructura carcelaria en la medida que se requiere. Dado esto, lo que sí puede y debe hacer es aplicar protocolos de contagio y aislamiento de la epidemia dentro de cada unidad”, completó.
Entrevista de Guillermo López.
