Pidieron 4 años de prisión para Cristóbal López y De Sousa

El fiscal Juan García Elorrio pidió este jueves condenar a 4 años y 8 meses de prisión al ex titular de la AFIP, Ricardo Echegaray, y a 4 años y 4 meses de prisión a los empresarios Fabián De Sousa y Cristóbal López, al finalizar su alegato en el juicio que se les sigue por supuesta administración fraudulenta en la empresa Oil Combustibles.

Al inicio de la audiencia y previo al final del alegato fiscal, el empresario De Sousa pidió al Tribunal Oral Federal 3 hacer uso de la palabra para denunciar la "interferencia" del gobierno de Mauricio Macri en el caso, al dar por probado que fue escuchado de manera ilegal mientras estuvo detenido en el penal de Ezeiza.

Posteriormente, la fiscalía concluyó el alegato, pidió condenar a 4 años y 8 meses de prisión a Echegaray y a 4 años y 4 meses a los dos empresarios por "administración fraudulenta agravada en perjuicio de la administración pública".

A Echegaray lo consideró autor del delito, a López y De Sousa "partícipes necesarios" y pidió además decomiso de bienes, reparación del daño e inhibición de por vida para ejercer cargos públicos.

"El dinero del impuesto que no era ingresado a a AFIP fue utilizado para beneficiar intereses privados y la maniobra permitió además que los empresarios se beneficiaran a costa del Estado", sostuvo el fiscal.

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En la causa se investigaron presuntas irregularidades en el otorgamiento de planes de pago por parte de la AFIP a Oil Combustibles, que no depositó el impuesto a los combustibles líquidos que retenía a sus clientes.

"Las sumas no fueron ingresadas en tiempo y forma al fisco", afirmó el fiscal en la acusación, luego que la AFIP se retiró como querellante de la causa porque la empresa entró en un plan de pagos.

Echegaray "sabía que lo que hacía o dejaba de hacer redundaba en beneficio indebido para las arcas de De Sousa y López", agregó al dar por probado que ese dinero "se usó para financiar a otras empresas del grupo mediante prestamos entre ellas".

"Hubo una maniobra en claro perjuicio a las arcas del Estado, en base a un comportamiento delictivo. Esta conducta debe ser analizada desde la perspectiva de un acto de corrupción", concluyó.

Los planes de pago "se otorgaron de manera ilegal" porque "no fueron acreditadas las condiciones económico financieras que impedían al contribuyente cumplir con sus obligaciones fiscales en tiempo y forma", agregó.

"Oil Combustibles era usada como una fuente de recursos económicos del grupo Indalo", dijo además el fiscal.

Al inicio de la audiencia, el empresario Fabián De Sousa pidió hacer uso de la palabra y sostuvo que "claramente queda demostrado" la interferencia del Poder Ejecutivo Nacional, durante la gestión de Mauricio Macri, realizó en la causa judicial de Oil Combustibles.

"La justicia fue violada y fue afectada en su rol, hubo una clara interferencia de un poder del Estado (el Ejecutivo) con objetivos absolutamente oscuros", enfatizó el empresario.

"Se montó todo un proceso judicial, político y mediático", agregó al referirse a grabaciones de sus conversaciones en la cárcel que luego llegaron de "manera anónima" a la entonces diputada nacional Elisa Carrió, "quien hizo la denuncia" que dio origen a una causa denominada como "Operativo puf".

De Sousa consideró que "esto es un elemento más de este procedimiento vergonzoso" al que están sometidos junto a su socio desde marzo de 2016.

Uno de los dueños del Grupo Indalo pidió hablar para denunciar que se comprobó la escucha y grabación de conversaciones que tuvo con sus abogados mientras estuvo preso en la cárcel de Ezeiza por esta causa, algo que quedó certificado en otra pesquisa por espionaje ilegal a cargo del juez federal Marcelo Martínez De Giorgi.

"Muchas de nuestras estrategias a efectos de poder llegar a la verdad siempre eran desbaratadas con anterioridad, con una precisión que llamaba muchísimo la atención", dijo sobre esas escuchas que se hicieron a los teléfonos de la cárcel de Ezeiza, en el pabellón donde estaban detenidas varias personas que habían sido procesadas en causas por corrupción.

El juicio seguirá el 28 de octubre próximo con el inicio de los alegatos de las defensas.