Señalan que el DNU avanza contra la libertad y federalismo

El abogado constitucionalista Lorenzo Barone sostuvo que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), que prohíbe las reuniones sociales y familiares en todo el país, "avanza contra los principios de libertad y el federalismo".

"El primer punto es que todos estamos de acuerdo con la necesidad de realizar actividades que tiendan a favorecer la no transmisión del virus. En segundo lugar, el primer DNU (20 de marzo), que estableció el aislamiento, tuvo amplia aceptación en un momento donde no había organismos provinciales", comentó en diálogo con Cadena 3.

/Inicio Código Embebido/

Mirá también

Alerta por coronavirus

Prohíben encuentros sociales y familiares: a quiénes alcanza

/Fin Código Embebido/

Si bien la Constitución Nacional en los artículos 14 y 19 establece la libertad de locomoción de las personas -esto es que está permitido lo que no está prohibido-, el DNU impide dicho derecho, lo que le da un carácter restrictivo y excepcional, según consideró el letrado.

"También existe un principio de federalismo, y cada provincia constituyó los COE (Centros o Comités de Operaciones de Emergencia), que están en condiciones de determinar si se debe restringir la libertad ambulatoria", agregó.

En este sentido, Barone aseguró que la prohibición de reuniones tiene cuestionamientos de constitucionalidad por los principios de federalismo y libertad.

"El DNU es constitucional para el AMBA, pero en pueblos o localidades sin casos o con la situación controlada, hasta qué punto es razonable esta limitación. Desde mi criterio, merece cuestiones de constitucionalidad porque tiene un centralismo excesivo", declaró.

Luego, continuó: "El Presidente impone la norma a todos los ciudadanos, más allá de sus provincias. Desde esta perspectiva, existe un avance sobre el federalismo y las autonomías de las jurisdicciones".

/Inicio Código Embebido/

Mirá también

Alerta por coronavirus

Reuniones familiares en Córdoba: se suspenden por 15 días

/Fin Código Embebido/

Explicó que la constitucionalidad de las normas no deben ser analizadas en general, sino en su aplicación concreta. "Por eso, cuando lo aplicamos al AMBA, es legal, pero en una comunidad pequeña, la medida es cuestionable", indicó.

Por último, aclaró que en estos casos también deben ser analizados desde el punto de vista médico-científico. "Si uno busca armar una impugnación de este decreto, hay que fijar una localidad y acompañar la revisión con un informe epidemiológico, para saber si los criterios del DNU son aplicables a estos casos particulares", cerró.

Entrevista de Fernando Genesir y Adrián Simioni.