El sector inmobiliario pide incluir la compra de propiedades usadas al blanqueo

Agustín Dadamio

Mediante un pedido formal, la Cámara Inmobiliaria Argentina (CIA) solicitó al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, que la compra de propiedades usadas sea incluida en el blanqueo de capitales contemplado en la Ley Bases recientemente aprobada.

El pedido hace hincapié en concretar una excepción, además, al monto de 100 mil dólares que contempla la normativa del Gobierno nacional. La propuesta del sector inmobiliario pone el foco en propiedades a las que les falta un final de obra y están casi listas para su entrega.

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Alejandro Bennazar, director de relaciones institucionales de la CIA, confirmó a Cadena 3 la solicitud que formalizaron y precisó: “Pretendemos que la reglamentación, más allá de ese blanqueo que autorizan hasta 100.000 dólares sin costo, incluya la compra de unidades, ya sea para convertir a un inquilino en propietario o para propietarios que incentiven la inversión en el sistema de construcción, de refacción, o todo lo que sea un aporte para el mercado locativo habitacional”.

“Existen 800.000 ofertas en venta en todo el país. Es una cifra muy muy importante, que cuando vos hagas esta medida va a ser el puntapié que nosotros consideramos final, como para que se termine no sólo de elevar el mercado de ventas, sino que tenga constancia y permanencia en el tiempo”, afirmó.

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Bennazar dijo que para que este apartado se incluya en el blanqueo de capitales es necesario extender el monto de 100 mil dólares. “Lo contemplamos como un mercado que está dentro de lo que es el mercado productivo, de la inversión productiva. Esto va a ayudar a que se vuelquen muchas unidades en el mercado locativo también, más allá del gran tamaño de mano de obra que se va a incorporar. Esto dinamiza toda la economía”, aseguró el extitular de la Cámara.

Tras el pedido, la entidad que nuclea al sector inmobiliario nacional explicó: “El objetivo de la propuesta es darle dinamismo a un sector determinante para el desarrollo de la Nación, siendo el sector inmobiliario el principal promotor del acceso a la vivienda de los ciudadanos de este país. La posibilidad de destinar fondos blanqueados a la compra de vivienda usada exceptuándose del pago de la alícuota del 5% significa un mayor incentivo para movilizar ahorros y generar ingreso de fondos en la economía formal, por lo tanto generando una mayor base de recaudación para el Estado y mayor capacidad de inversión para quienes logren vender sus inmuebles gracias a este mecanismo de incentivo”.