Rasquetear: ¿Primero el culpable y después el delito?

Hernán Funes

- La orden de un ex subsecretario de Investigación Criminal de realizar "tareas" sobre el secretario de UPCN Jorge Molina desnuda un "modus operandi" que existió en el Ministerio de Seguridad que condujo Marcelo Sain y que lo tiene al borde de otra audiencia junto a una decena de ex funcionarios.

- "Hay que rasquetear todo, todo, bien profundo a Molina, pero bien profundo … vamos a rastrear todo y después, una vez que rastreemos todo, vamos a hacer unas tareítas de calle", ordena el funcionario Pablo Álvarez, en un audio expuesto en audiencia.

- El gremio de los empleados públicos entiende que coincide con la discusión paritaria; los ex funcionarios, con sospechas vinculadas al Caso Oldani, aunque ningún fiscal provincial o -por ahora- federal se atribuyó una orden para el Ministerio como auxiliar de la Justicia.

- La causa tiene nuevos querellantes, entre ellos el gremio UPCN y el abogado Jorge Bedouret, perfilado por defender a policías y familiares que protestaban frente a Jefatura. El fiscal que ordenó identificar a quienes bloquearon el portón, Franco Carbone, negó especialmente haber pedido información sobre el penalista, protegido por el ejercicio de su profesión que además se había presentado formalmente en la causa.

- Asoma un método sistemático, desde el propio Estado, en el que aparecen búsquedas sobre cuentas, patrimonio o viajes de personas e instituciones jamás vinculadas al delito.

- Hay información recopilada que a veces era filtrada a medios como un método para disciplinar.

- Hay que prestar especial atención a lo discrecional, a dedo. Si la elección de las personas a investigar no tiene orden ni control judicial, pasa lo que parece que pasaba: primero poner al culpable y después poner el delito. Debe ser exactamente al revés.

- La discusión sobre la validez de los allanamientos terminó: un juez los ratificó y explicó que para registrar las oficinas públicas no es necesaria una orden judicial. Nadie la reclamó, por ejemplo, en los últimos casos de la fiscal sanlorencina Melisa Serena o por la Comisaría 12º de Rosario. La situación es equivalente.

- Hay elementos serios para sospechar y analizar si hubo irregularidades. Lo menos que pueden hacer los fiscales en el marco de sus funciones es profundizarlos y la sociedad apoyar su tarea.

- La cuenta pendiente de los fiscales Hernández y Jiménez es, pasado el tiempo que pasó, exponer el caso y la prueba en una audiencia para que un juez la valore y los implicados puedan defenderse. Terminar con las especulaciones sería saludable para la provincia.

- La prueba es profunda. Salvo que un Tribunal entienda que actuaban bajo facultades especiales dentro del Ministerio de Seguridad, será muy difícil explicar por qué requerían información sobre patrimonio, familiares, viajes o sociedades de empresarios, fiscales o defensores públicos.

Escuchá el audio completo de Hernán Funes con Alberto Lotuf en Siempre Juntos:

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