El gobernador de Tucumán reclamó endurecer penas para delincuentes reincidentes

La inauguración del penal de Benjamín Paz en Tucumán desató un revuelo tras unas declaraciones formuladas por el gobernador Osvaldo Jaldo, que generaron rechazo de parte de los familiares de los detenidos y de los organismos de derechos humanos. 

Este nuevo establecimiento, una unidad de máxima seguridad, se abrió hace 12 días y tiene capacidad para alojar aproximadamente 1.200 internos.

El traslado de los detenidos desde comisarías cercanas a la Plaza Independencia hacia el penal cambió drásticamente las condiciones de contacto entre los presos y sus familias.

Anteriormente, los familiares podían visitarlos a diario, pero ahora enfrentan dificultades logísticas. El penal se encuentra a unos 60 kilómetros de la capital tucumana, con escasas líneas de colectivos que dificultan el acceso. Además, quienes logran llegar deben caminar alrededor de cinco kilómetros desde la ruta hasta la entrada del penal.

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Ante esta situación, los familiares de los detenidos expresaron su preocupación y señalaron que los presos están mal alimentados y que muchos llegaron al penal con la misma ropa que llevaban puesta en las comisarías.

En respuesta a las quejas, el gobernador Jaldo respondió a las críticas de los familiares. "¿Cómo no lo han cuidado para que el hijo, el marido o el pariente hubiesen evitado delinquir?" cuestionó, sugiriendo que la responsabilidad recae en las familias de los detenidos. 

El gobernador afirmó que "los que están en Benjamín Paz cometieron delitos" y que las condiciones en el penal son mejores que en las comisarías.

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"Hoy los presos están mejor que en las comisarías. Tienen todos los servicios, cuatro comidas al día, desayuno, almuerzo, merienda y cena. Y no pagan un peso; están comiendo gracias al impuesto de los tucumanos. Así que que no mientan", dijo el mandatario en respuesta a los familiares de los internos.

Las declaraciones de Jaldo provocaron una ola de críticas, especialmente de organismos de derechos humanos. Estos grupos calificaron sus comentarios como inapropiados y violentos, argumentando que la forma en que se dirigió a los familiares de los detenidos es "extremista y despectiva". 

Además, Jaldo advirtió que si las protestas continúan, podría haber traslados de presos a otras provincias, incluso a Santa Cruz, en virtud de un convenio firmado con la Nación.

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Informe de Rosalía Cazorla.