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Este beneficio fue otorgado en 2020, cuando se suspendieron las visitas en medio de la pandemia. Deberán retirar todos los dispositivos en seis meses.
FOTO: La Justicia mendocina prohibió que los presos tengan celulares en la cárcel. (TN)
La Corte Suprema de Mendoza resolvió que los presos no podrán tener celulares en la cárcel. Por mayoría, el tribunal presidido por Teresa Day y conformado por Dalmiro Garay Cueli y José Valerio decidió ratificar la prohibición de uso de estos dispositivos en los servicios penitenciarios y estableció un plazo de seis meses para retirar los equipos.
Admitió así el recurso de apelación interpuesto por el Ministerio Público Fiscal, a la vez que rechazó los recursos de apelación interpuestos por el Ministerio Público de la Defensa y por la Asociación Civil Verdad y Justicia Mendoza.
El juez de Ejecución penal, Sebastián Sarmiento, había permitido el uso de celulares en los penales, medida que fue apelada por el Ministerio Público Fiscal. Actualmente, hay 4.000 aparatos registrados en las cárceles provinciales.
"Era necesario terminar con la normativa pre-Covid que había autorizado flexibilizar una prohibición que está en la ley”, dijo Garay a Cadena 3. Además, destacó que "si restablecemos la vigencia de la ley, teniendo en cuenta que ya las condiciones que ameritaron este cambio ya no están, también tienen que volver las mismas condiciones previas".
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La resolución de la Suprema Corte, de 40 páginas, se dio por mayoría, por la aceptación del recurso presentado por el MPF y con la disidencia parcial del tercer integrante del tribunal, José Valerio.
"El agravio estaba esencialmente puesto en un punto, en el que se condicionaba la posibilidad de retiro de los celulares a que el Servicio Penitenciario pusiera teléfonos públicos o semipúblicos en los pabellones o en los lugares que así disponía el juez. Nosotros entendimos, haciendo lugar a la apelación del MPF, es que esa condición establecida por el juez está fuera de la ley, porque ninguna norma exige eso y en segundo lugar porque hay informes en el mismo expediente que determinan que ese tipo de servicio de telefonía no se puede prestar en los complejos de Mendoza", explicó luego de la lectura de la resolución Dalmiro Garay Cueli.
Y agregó que "por ende, lo que queda vigente de la resolución dictada por el juez Sebastián Sarmiento, es la obligación de retirar los celulares en un plazo de seis meses e hicimos mucho hincapié en restablecer el sistema de visitas presenciales a la modalidad prepandemia. Cabe recordar que la posibilidad de tener celulares se dio cuando en la crisis desatada por la pandemia por el coronavirus se habían suspendido las visitas".
El tribunal ratificó el restablecimiento de las visitar presenciales como eran previo al Covid-19, a la vez que solicitó al Servicio Penitenciario disponga de un sistema público o semipúblico sea celular o computadora, que les permita a los internos tener comunicación con sus familiares y a la vez, si están cursando a distancia poder cumplir con la carrera que llevan adelante.
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"Ratificamos que sea el Servicio Penitenciario el que cuente con un sistema de comunicación pero siempre sea quien el que brinde las herramientas", manifestó Garay.
En cuanto al voto en disidencia parcial del ministro José Valerio, la misma se da no por estar en desacuerdo con lo resuelto por sus colegas, sino porque considera que "los recursos de apelación planteados por el Ministerio Público Fiscal, el Ministerio Público de la Defensa y Pupilar y la Asociación Civil Verdad y Justicia debieron ser remitidos al Tribunal Penal Colegiado correspondiente a fin de su tratamiento en el marco del procedimiento previsto por la ley nacional 23.098" y no debieron ser resueltos por un tribunal de la Suprema Corte, por lo que a su juicio "corresponde rechazar los recursos de apelación planteados por el Ministerio Público de la Defensa, la Asociación Civil Verdad y Justicia y el Ministerio Público Fiscal".
Las visitas a los internos volverán a ser semanales y se mantendrán excepciones para madres con hijos y para aquellos que necesiten un celular proporcionado por el servicio penitenciario para actividades educativas o tratamientos médicos.
Garay añadió que "el servicio deberá proveerle al interno, si está estudiando, la posibilidad de tener un celular, pero proveído por el servicio durante el tiempo que dure la clase".
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Informe de Facundo Dimaría.
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