Planes, jubilaciones y juicios: la industria mafiosa que el populismo nos dejó

Sergio Suppo

Esta mañana, Miguel Clariá habló con Carlos Amad, fiscal de Sáenz Peña en el Chaco, sobre un caso que se encuentra en su investigación. Abad señaló que el 60% de las personas que reciben pensiones por invalidez no deberían tenerlas. 

Esta afirmación pone de manifiesto un problema recurrente en nuestra sociedad: los abusos en el usufructo de los beneficios estatales.

La historia de los abusos estatales no es nueva. En Córdoba, el fiscal Gavier investiga un caso de asociación ilícita que afecta a las Aseguradoras de Riesgo de Trabajo (ART). En este caso, hay detenidos, incluidos abogados y médicos, que fabrican dolencias para que sus clientes puedan demandar a las ART. 

Este tipo de fraude ha generado millones en gastos para empresas y el propio Estado. Gavier, en su trayectoria, ya había desbaratado redes similares en 2015 y 2016, lo que demuestra que el problema persiste y se reproduce con el tiempo.

El sistema jubilatorio en nuestro país permitió que muchas personas se jubilen sin haber realizado los aportes correspondientes. Aunque esto puede ser legal, la flexibilidad del sistema dio lugar a un fenómeno preocupante: un ejército de gestores que cobran por facilitar la jubilación a quienes, en muchos casos, no cumplen con los requisitos. 

Además, se suma la figura de quienes exageran o inventan discapacidades para lograr una jubilación anticipada. Esta situación resulta beneficiosa para aquellos que buscan obtener una pensión, a pesar de que deben pagar cantidades exorbitantes por este "servicio".

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Los juicios laborales, que están íntimamente relacionados con las ART, también forman parte de esta problemática. Además, los planes sociales se entregan a personas que no los necesitan, lo que distorsiona el objetivo de ayudar a quienes realmente están en situación de vulnerabilidad. 

No se puede negar que más del 50% de la población vive en condiciones de pobreza, pero es inaceptable que existan personas que acumulen varios planes sociales de manera indebida, gracias al clientelismo político y a las mafias que lucran con esta situación.

La idea de un Estado populista permitió que se monten sobre él diversas mafias que se benefician de la corrupción y el abuso de los recursos públicos. Aunque el presidente Milei y su gabinete proponen desregulaciones y cambios necesarios, es fundamental cuestionarnos cómo, en la comunidad del fiscal Abad, un alarmante 60% de los subsidios por discapacidad son injustificados.

Es una tarea que debe comenzar en el Gobierno nacional, continuar en los gobiernos provinciales y culminar en la Justicia de cada distrito. 

Hay una notable connivencia no solo entre algunos gobiernos provinciales, sino también en los poderes políticos locales y nacionales que, en épocas anteriores, se beneficiaron del clientelismo. 

Hay regiones enteras, como Presidencia Roque Sáenz Peña en el Chaco, donde la mayoría de la población recibe algún tipo de plan social o pensión por discapacidad.

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Sin embargo, esta justificación perpetúa un ciclo de abuso y corrupción. Los verdaderamente discapacitados, aquellos que realmente necesitan una pensión o un plan social, a menudo reniegan de estos beneficios y, en muchos casos, no los reciben. 

La realidad es que los recursos destinados a ayudar a los que realmente lo necesitan se desvían hacia quienes no deberían recibirlos. Y así, la pregunta persiste: ¿Dónde va a parar el dinero que debería estar destinado a quienes realmente lo requieren?

La lucha contra el fraude y la corrupción en el sistema de beneficios sociales debe ser una prioridad para garantizar que los recursos públicos se utilicen de manera justa y equitativa, beneficiando a quienes realmente lo necesitan y no a aquellos que se aprovechan de un sistema.

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