Los forenses advertían que ellos, difíciles de impresionar, no podían dar crédito a lo que observaban en la fría mesa de la sala de autopsias. El cuerpito de Ariana, una criatura de 3 años, mostraba signos de un maltrato brutal. A la edad de la inocencia en su expresión más pura, la pequeña no había encontrado la protección natural dentro de su casa familiar, sino todo lo contrario.
Ocurrió un 3 de diciembre de hace 15 años en Corral de Bustos, en el sudeste de la provincia de Córdoba (a 325 kilómetros de la Capital cordobesa). Ariana había sido vejada, golpeada, quemada, asesinada. Las primeras noticias que llegaban en aquel momento sobre la brutalidad a la que había sido sometida hoy parecen repetirse, con notable similitud, en el crimen de Lucio, el niño de 5 años cuyo homicidio a manos de su mamá y su pareja (según se sospecha) ha trascendido los límites de La Pampa para generar una conmoción a nivel país.
El asesinato de Ariana provocó en aquel momento la misma ira social. La cobertura del crimen tuvo repercusión en toda la Argentina, más cuando tras su sepelio una pueblada terminó por quemar los Tribunales de Corral de Bustos. Una manifestación en la que se entremezcló el dolor y la confusión social por un horror que no encontraba explicaciones lógicas e intereses propios de otros vecinos que buscaban saldar de la peor manera las deudas que tenían acumuladas con la Justicia social.
Según la investigación, en la noche de 3 de diciembre de 2006, Malvina Inés Sabache (de entonces 24 años), madre de Ariana, salió de la casa junto a una amiga para ir al quiosco. La pequeña quedó entonces al cuidado de quien era el novio de la joven, Néstor Mercado (21) y de su hermano César (23).
Cuando Malvina regresó, la niña ya no respondía a ningún estímulo. Sola, la llevó al hospital local, donde los médicos no sólo corroboraron que Ariana estaba muerta, sino que denunciaron lo que a toda luces era un homicidio: los signos de maltratos, golpes y abusos eran evidentes.
Los hermanos Mercado y Malvina en horas quedaron detenidos. Los varones ya habían sido denunciados por una serie de delitos en barrio IPV de Corral de Bustos y alrededores. "Eran unos patoteros", dirían después los vecinos. Malvina estuvo un mes detenida, hasta que recuperó la libertad por "falta de mérito".
En octubre de 2007, la Cámara del Crimen de Bell Ville condenó a Néstor Mercado a 22 años de cárcel, por homicidio simple. Su hermano César fue absuelto. Nadie que haya estado presente en aquella sala de audiencias podrá olvidar el crudo relato que hizo el médico Guillermo Fontaine, integrante en aquel momento del Cuerpo Forense de Córdoba y coordinador del Comité de Maltrato Infantil del Hospital de Niños. La catarata de golpes le habían destruido los órganos internos.
Y agregó que algunas huellas en el cuerpo habrían delatado que Ariana sufría golpes desde antes.
La acusación sostenía que mientras uno de los hermanos sostenía a Ariana de los brazos, el otro la emprendía a golpes de puño en contra del cuerpo de ella. Sólo la duda absolvió a César Mercado. También fue la duda sobre el abuso sexual, lo que salvó a César Mercado de una prisión perpetua, tal como había solicitado el fiscal Telmo López Lema, quien siempre remarcó la brutalidad y el desprecio por la vida de la niña que habían demostrado los acusados.
Durante el juicio, López Lema sostuvo la acusación de homicidio calificado por alevosía y ensañamiento. Argumentó que el asesinato no podía tomarse como un homicidio simple: “¿Dónde está la posibilidad de defensa de la víctima, una niña de apenas 3 años?".
“No se tuvo en cuenta la indefensión de la víctima, por un lado apenas tenía tres años, y además, su única defensa es su madre y en el momento de los golpes estaba ausente”, agregó.
El padre biológico de Ariana nunca había estado presente. Al momento del crimen, se creía que podía estar preso en alguna cárcel del país. Malvina primero la crió junto a la abuela materna y una tía, pero luego se mudó sola con ella.
De manera paralela, en otra investigación penal, 10 personas terminaron condenadas por la quema al edificio judicial de Corral de Bustos. Al momento de ratificar las penas, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) apuntó: "A los imputados no se los ha perseguido penalmente por haber ejercido su derecho a expresarse, manifestarse, disentir o informar, sino por haber instigado a que un grupo de personas violentara la sede tribunalicia poniendo en peligro la integridad física de personas y dañando bienes particulares y públicos, conductas que en modo alguno comportan el ejercicio del derecho a la libertad de expresión reconocido y amparado constitucional y convencionalmente".
