Este sábado se cumplen 19 años del día en que nació Blas. Un natalicio que ya no se festeja desde hace 18 meses, cuando su nombre se convirtió en sinónimo de aquello que ya no queremos más: un balazo policial le cortó la vida a los 17 años. Un gatillo fácil que marcó un antes y un después en la vida institucional de Córdoba. Una batalla judicial y social a la que todavía le quedan varios capítulos por delante.
Blas, cuatro letras, un nombre, un joven, una vida arrebatada. A esta altura, en Córdoba no hace falta ensayar extensos preámbulos para explicar de que se trata. Sólo cuatro letras bastan. Cuando los límites intraspasables del contrato social se hicieron añicos. Otra vez. De manera atroz, burda, vergonzante: policías que dispararon y mataron con armas oficiales a un joven sólo porque el conductor del auto en el que viajaba osó no frenar en un control callejero; otros uniformados, varios de alta jerarquía, que "plantaron" un arma y alteraron la escena donde acababa de producirse un crimen del Estado. Pistolas compradas por la Provincia que se volvieron en contra de los jóvenes, del futuro.
El asesinato planteó incómodas desde el mismo comienzo, aquella nefasta madrugada del jueves 6 de agosto de 2020: ¿cuál hubiera sido el resultado judicial y la reacción social si la misma secuencia ocurría en un barrio de la periferia e involucraba a jóvenes con antecedentes penales?
Fue entonces que como hacía mucho tiempo no se escuchaba en Córdoba, madres y padres comenzaron a plantearse en sus hogares, sin distinciones de clases socioeconómicas, un diálogo que no habían imaginado tener: “Tené cuidado con la Policía”.
Cuando una contravención puede terminar en homicidio, el contrato social parece temblar, se resumió en aquella oportunidad y se reiterará este sábado, cuando un cartel de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación señalice para siempre que en esa parte de la avenida Vélez Sarsfield la Policía de Córdoba mató a un pibe. El acto está previsto a las 19, frente al Pablo Pizurno.
Los policías Javier Alarcón y Lucas Gómez continúan presos, imputados como coautores de homicidio calificado agravado (por Blas) y homicidio calificado agravado en grado de tentativa (por los otros cuatro jóvenes del Fiat Argo), en tanto que el subcomisario Sergio Alejandro González (preso), Wanda Micaela Esquivel (prisión domiciliaria) y Yamila Florencia Martínez (prisión domiciliaria) soportan la acusación de autores de los delitos de encubrimiento agravado y omisión de deberes de funcionario público.
Pero hay más tiras entre los acusados: el comisario inspector Walter Soria, el comisario inspector Jorge Ariel Galleguillo y el subcomisario Enzo Gustavo Quiroga están presos por encubrimiento agravado y omisión de deberes de funcionario público.
Y la lista sigue. El comisario inspector José Antonio Gatica debe responder por encubrimiento agravado. También están imputados de falso testimonio y encubrimiento agravado el cabo Leonardo Alejandro Martínez, el cabo Leandro Alexis Quevedo, el oficial ayudante Ezequiel Agustín Vélez y el agente Rodrigo Emanuel Toloza.
Trece policías se deberán sentar este año en el banquillo de los acusados, luego de que la elevación a juicio fuera ratificada por un juez de Control.
Salvo el juicio por el amotinamiento policial de 2013, no hay antecedentes en Córdoba en las últimas dos décadas de tantos policías juzgados en un mismo proceso.
Eslabones encadenados por las jerarquías. El fiscal instructor José Mana remarcó en la acusación que se había tratado de un caso de “violencia institucional” perpetrado por efectivos de la Policía.
Y remarcó: “El abuso de la función como miembro de la fuerza policial surge claramente, toda vez que la situación que dio origen al accionar de los uniformados no los facultaba a esgrimir, y menos aún a disparar, a quienes se conducían en el vehículo Fiat Argo”.
Para la familia de Blas, aún faltan más responsables políticos en la acusación. El juicio, se espera, será revelador en este sentido.
No se trata del único dato inédito detrás de este "gatillo fácil": la masiva movilización de repudio y la convulsión social que el caso produjo, además de otras dos muertes de inocentes a manos de policías en 2020, obligó al Gobierno provincial a implementar dos cambios claves.
Por un lado, se modificó por completo el organigrama del Tribunal de Conducta Policial, que a fines de 2021 comenzó a funcionar ahora bajo la órbita del Ministerio Público Fiscal.
Su anterior titular, Ana María Becerra, terminó imputada por haber permitido que los policías que dispararon contra Blas y sus amigos aquella noche continuaran trabajando armados pese a que sobre ellos en ese momento pesaban imputaciones por otros graves delitos.
Y, sobre todo, la Provincia avanzó en un cambio profundo en la formación policial: se aprobó un plan de tres años de ingreso. Hasta entonces, las nuevas camadas eran promocionadas con menos de un año de capacitación.
Al mismo tiempo, se produjo un cambio al interior de la Policía, aunque en este caso no fue necesario un proyecto de ley. El Gobierno elevó a la Jefatura a Liliana Zárate, la primera mujer en conducir la fuerza en más de 100 años de historia de la institución azul, quien recibió un mandato primordial: tolerancia cero dentro de la Policía.
Pese a que el gobernador Juan Schiaretti prácticamente nunca se refirió de manera pública a este crimen, lo que le valió gruesos reproches de la familia de Blas y de una buena parte de la sociedad, sí quedó en claro que tomó nota de la consternación social que el caso provocó. Menos de tres meses después del crimen, otro gatillo fácil se llevó la vida de Joaquín Paredes (15) en Paso Viejo. El "nunca más" no le dejó margen de decisión al gobernador, que pasó a retiro al entonces jefe de la fuerza, Gustavo Vélez, y nombró a Zárate.
Ese "nunca más" asoma ahora, en el cumpleaños de Blas, como la transformación social más importante tras el asesinato: ya no hay "peros" al momento de hablar de gatillo fácil en Córdoba.
