El fiscal Fernando López Villagra solicitó este miércoles la máxima pena contra Lucas Gómez y Javier Alarcón, los dos oficiales más complicados en la causa por el crimen de Valentino Blas Correas, el joven asesinado de un balazo durante un control en agosto de 2020.
Villagra pidió, en la reanudación de los alegatos, la pena de prisión perpetua para los dos implicados que dispararon al auto Fiat Argo, donde viajaba Blas con sus amigos.
El fiscal cuestionó en la Cámara Octava del Crimen el accionar de ambos efectivos policiales y ahora se espera la palabra del fiscal Marcelo Hidalgo.
El juicio a 13 policías por el crimen de Blas Correas continuaba este miércoles con el inicio de la etapa de alegatos. La madre de la víctima aseguró que todos los imputados "son responsables" y que espera que sean condenados.
"Tenemos todas las expectativas y certezas de que estas personas son responsables de que Blas no esté conmigo y en las audiencias se ve que hay más responsables aun. Fueron fundamentales las palabras del ex ministro y de la jefa de policía admitiendo la violencia institucional", remarcó Soledad Laciar.
Y agregó: "Queremos una condena justa pero es hora de demostrar que quien hace las cosas mal tienen un castigo y quien las hace bien tiene un premio".
El juicio había comenzado el 7 de septiembre del año pasado y en diciembre, luego de 28 audiencias de debate de pruebas y unos 60 testimonios, por la feria judicial se pasó a cuarto intermedio hasta el 8 de febrero.
Ese día no se pudo habilitar el debate por la ausencia justificada de cuatro miembros del jurado popular y se pasó la audiencia al 10 de febrero.
Esa situación puso en alerta a las partes ante la posibilidad que continúen las ausencias del jurado y se agote la lista, lo que implicaba la "nulidad" de todo el juicio, por lo que en acuerdo con el tribunal y las partes, se incorporaron por lectura todos los testimonios restantes, se eliminaron las 11 audiencias programadas hasta el 31 de marzo.
Según la acusación fiscal, el hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020, cuando Juan Cruz Camerano Echevarría (21) conducía un Fiat Argo, junto a cuatro amigos compañeros de colegio, hoy todos mayores de edad, Valentíno Blas Correas, que entonces tenía 17 años, al igual que sus amigos Camila Toci, Mateo Natali y Cristóbal Bocco.
Cuando circulaban sobre avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas en el sur capitalino, había un control policial de prevención en donde los efectivos hicieron señas al conductor para que descienda la velocidad, sin embargo el automóvil siguió su curso y no paró.
Camerano Echevarría, en su testimonio, había manifestado que se asustó porque cuando estaba por detenerse observó que uno de los policías empuñaba un arma que lo apuntaba en la cabeza.
Mientras los efectivos notificaban a los comandos y móviles sobre la evasión, el cabo primero Lucas Damián Gómez (37) efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria contra el automóvil "con intención de matarlos", según describe la elevación a juicio.
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Por su parte, el cabo primero Javier Catriel Alarcón (33), que también se encontraba en el puesto de control, "en acuerdo tácito (con Gómez) y aportando al plan común de dar muerte a los ocupantes del vehículo", también efectuó dos disparos sobre el vehículo en marcha "a sabiendas que no había justificación legal para ello", por lo tanto "abusaron de su función".
Las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por el policía Gómez impactó sobre la zona de la escápula derecha de Correas; le ocasionó lesiones en el pulmón derecho, la vena cava inferior y el ventrículo derecho, y le produjo la muerte.
Siempre según la acusación, luego, y con el objetivo de simular un enfrentamiento armado, los policías Alarcón y Wanda Esquivel "plantaron" un arma en las cercanías, en tanto el automóvil fue interceptado en la intersección de Chacabuco y Corrientes, donde Valentín habría estado aún con vida y murió en ese lugar.
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Antes de llegar a ese lugar, los amigos llevaron al adolescente hasta el sanatorio Aconcagua, donde se negaron a atenderlo, y, por ello, se tramita otra causa que fue elevada a juicio.
En ella, tres empleados de ese sanatorio -Sergio Casalino, Guadalupe Moya y Paola Andrea Mezzacapo-, están imputados por "abandono de persona" y "omisión de auxilio".
Gómez y Alarcón llegaron al juicio como coautores de "homicidio calificado por sus funciones, por empleo de armas de fuego, y homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado" contra los otros cuatro ocupantes del auto.
En tanto, los restantes acusados, todos policías, son Esquivel, Sergio Alejandro González, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.
Los cargos que enfrentan son por "falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público".
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Este viernes podrían comenzar los alegatos del abogado Alejandro Pérez Moreno, quien en diálogo con Cadena 3 dijo que la sentencia debe incluir la visibilización de la pésima formación que tuvieron los policías.
"Funcionarios y administrativos evidentemente tienen que dar una respuesta, esto no puede quedar como un recuerdo o algo más.La sentencia judicial debe decirle formalmente al poder político que esto debe cambiar y no debe seguir ocurriendo", concluyó.
Informe de Francisco Centeno y Juan Federico.
