En la era digital, los delitos cibernéticos constituyen una amenaza cada vez mayor para la seguridad de empresas e individuos. Conscientes de la complejidad y sofisticación de estos crímenes, fiscales y compañías tecnológicas están colaborando de manera inédita para abordar este desafío compartido.
Como parte de estas iniciativas, se llevó a cabo este miércoles una nueva edición del ciclo Ciberdelito y Ciberseguridad de Telecom, que reunió autoridades del Ministerio Público Fiscal de Córdoba y especialistas de las áreas de Legales y de Ciberseguridad de Telecom.
Con la apertura del fiscal General de Córdoba, Juan Manuel Delgado, el encuentro hizo foco en los distintos aspectos legales y tecnológicos de relevancia para combatir los ciberdelitos y fortalecer la protección de la infraestructura digital.
La agenda del encuentro
La tecnología ha transformado el panorama de la delincuencia, introduciendo nuevos delitos y ampliando las modalidades de ataque de manera exponencial.
En el primer panel del evento, Adrián Judzik, especialista en Estrategias de Ciberseguridad en Telecom, realizó una recorrida por las principales tendencias en el mundo del cibercrimen y las medidas de prevención y tratamiento que empresas, gobiernos y ciudadanos pueden tomar para protegerse ante el avance de esta problemática.
Al respecto, el especialista comentó que, al igual que sucede en todo el mundo, en Argentina “los incidentes relacionados con la ciberseguridad continúan creciendo y generando un impacto negativo para las organizaciones públicas y privadas”.
“Mitigar este riesgo no se logra sólo con acciones preventivas. Es necesario recurrir a un abordaje integral y una mirada resiliente, que habilite una recuperación rápida y efectiva, para minimizar el riesgo y el impacto que generan las acciones delictivas”, subrayó.
El segundo panel se centró en la articulación público-privada en investigaciones penales, a cargo del equipo Legal de Telecom.
Sergio Piris, gerente de Asuntos Penales, Delitos Tecnológicos, Antipiratería y Requerimientos Judiciales, y Carolina Bertola, coordinadora de Antipiratería e Intervenciones Judiciales, se explayaron en la tipificación de los nuevos delitos y su tratamiento dentro de la compañía, así como los canales establecidos con las fiscalías de todo el país, que permiten acelerar su tratamiento y prosecución.
Piris destacó: “En Telecom, consideramos esencial la cooperación con entidades judiciales de todo el país, como el Ministerio Público Fiscal y el Poder Judicial. Mantenemos una colaboración constante, facilitando y acelerando los requerimientos judiciales, y aportando nuestra experiencia tecnológica. Producto de este trabajo colaborativo, estamos concretando avances en la persecución de delitos que nos atraviesan como personas y como ciudadanos”.
El tercer y último panel estuvo destinado al análisis de la realidad judicial cordobesa. Franco Pilnik, fiscal especialista en cibercrimen, compartió un exhaustivo panorama de la situación en la provincia en relación al aumento que se evidencia en este tipo de criminalidad, así como el foco que se está poniendo en la colaboración entre la fiscalía y las empresas del sector privado como estrategia para la obtención de datos (evidencia digital) y las investigaciones por ciberdelitos.
“En materia de cibercrimen, tanto lo relativo con delitos patrimoniales, así como lo relacionado con la integridad sexual de menores, se requiere la obtención de datos que se encuentran en el sector privado y que aportan a las investigaciones. El trabajo conjunto con las empresas del sector privado, especialmente las tecnológicas, y las denuncias en materia de fraudes facilitadas por las políticas de compliance nos han permitido desbaratar bandas criminales”, aseguró Pilnik.
El acceso masivo a tecnologías avanzadas ha incrementado las potenciales amenazas en el ámbito digital, que se renuevan permanentemente. Para sobrevivir y prosperar en esta nueva realidad, es esencial desarrollar capacidades de adaptación, promover el aprendizaje continuo, fortalecer la resiliencia y fomentar la colaboración entre los distintos actores sociales.
La colaboración público-privada entre las fiscalías y las empresas de tecnología es un pilar fundamental en la persecución de los ciberdelitos y el fortalecimiento de la ciberseguridad. Esta alianza estratégica aprovecha los recursos y la experiencia tanto del sector público como del privado para detectar, prevenir y combatir eficazmente las amenazas cibernéticas.
