A partir de la medianoche de este lunes, comenzó a funcionar el nuevo organismo encargado de controlar la conducta de los policías cordobeses. Un ente que ahora estará bajo la "tutela judicial" y cuyo diagrama responde a una de las críticas más fuertes que se escucharon a partir de los casos de gatillo fácil que conmovieron a la provincia de Córdoba durante 2020: el control a los policías.
A fines de 2020, y en medio de duras críticas opositoras, la Unicameral aprobó por mayoría los cambios en las leyes de Seguridad Pública y en la conformación del Tribunal de Conducta Policial.
Se trató de una respuesta política ante la seguidilla de casos de gatillo fácil que provocaron intensas movilizaciones urbanas, sobre todo tras el asesinato de Valentino Blas Correas (17).
De esta manera, por un lado se resolvió unificar y elevar a tres años la formación para los aspirantes a policías, con una currícula ampliada de cuya confección participó el Ministerio de Educación de la Provincia. Por eso, en lo que le queda de gestión a Juan Schiaretti como gobernador ya no podrán ingresar nuevos agentes.
Y, al mismo tiempo, se dispuso una nueva integración del “Tribunal de Conducta de las Fuerzas de Seguridad”, órgano que hasta entonces dependía del Ejecutivo. A partir de esta nueva ley, se dispuso que iba a contar con representantes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos; del Ministerio de Seguridad; del Ministerio Público Fiscal (Fiscalía General); de la Legislatura, y de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba.
El dato más importante radicó en que a partir de esta modificación, la presidencia del Tribunal estará a cargo de un representante del Ministerio Público Fiscal (MPF). Tras una prórroga en junio, se definió que como plazo máximo debía entrar en vigencia el próximo 1° de enero.
No obstante, Cadena 3 logró establecer que el flamante Tribunal de Conducta Policial y Penitenciario, que ahora será de "fuerzas de seguridad", tal como es su nueva denominación, comenzó a funcionar desde la medianoche de este lunes.
Se trata del "Sistema de Control Disciplinario de las Fuerzas de Seguridad Pública y Ciudadana de la Provincia". Abarca a la Policía de Córdoba, al Servicio Penitenciario y a la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
El nuevo presidente del Tribunal será el abogado Maximiliano García, un letrado litigante que llega del campo privado a través de una propuesta que hizo el Fiscal General Juan Manuel Delgado.
García estará acompañado en el Tribunal por un exfiscal General de la Provincia y exfiscal federal, Gustavo Vidal Lascano, quien aceptó la propuesta del ministro de Seguridad, Alfonso Mosquera.
El tercer integrante será el abogado Fernando Martínez Paz, integrante del Consejo de la Magistratura de Córdoba, quien llega de la mano del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia que conduce Julián López.
El área clave de la Dirección General de Control e Investigaciones de las Fuerzas de Seguridad está a cargo de la abogada litigante Ivana Celeste Rossi.
Ella tendrá a su cargo liderar las investigaciones administrativas sobre las cuales luego el tribunal impondrá o no las sanciones correspondientes.
Cabe destacar que se tratan de investigaciones administrativas, que corren de manera paralela a las de la Justicia penal ordinaria.
Rossi es una reconocida abogada que integra el estudio de José Caferatta Nores. También fue propuesta por el fiscal General Delgado.
Como director de esa misma área asumirá el abogado Marcelo Alejandro Bayardi Martínez, actual prosecretario.
Como coordinador general del área de Investigaciones fue designado Iván Vocos, quien hasta ahora es secretario de una fiscalía.
En junio último, la Unicameral había resuelto que todos los cargos del flamante tribunal serán equiparados a los de los magistrados, con sus correspondientes escalafones. Este nuevo organigrama supone un aumento importante en la cantidad de empleados, ya que ahora serán 68 los funcionarios del Tribunal.
Entre otros puntos, a partir de la nueva ley se dispuso que con la nueva conformación del Tribunal de Conducta Policial el procedimiento administrativo será independiente del proceso penal, pudiendo sancionarse a los integrantes de las tres fuerzas de seguridad (Policía, Fuerza Policial Antinarcotráfico y Servicio Penitenciario), más allá de que esté resuelta o no la causa penal.
A partir de la entrada en funcionamiento de este nuevo tribunal, cesará en sus funciones quien hasta hoy estaba al frente del organismo, Ana María Becerra.
Esta funcionara permaneció en su cargo pese a que en mayo último el fiscal anticorrupción Matías Bornancini la imputó por el delito de "abuso de autoridad", acusación que aún pesa en su contra.
Becerra fue acusada levantar la situación pasiva al cabo primero Lucas Gómez, quien luego terminó por asesinar de un balazo a Blas Correas, el 6 de agosto de 2020.
Pese a que Gómez esperaba ser enjuiciado por el presunto encubrimiento al violador serial de La Calera, Leandro Castañaras, el Tribunal de Conducta le levantó la situación pasiva y regresó a trabajar en la fuerza.
En su descargo, Becerra había indicado que el Tribunal le permitió volver a trabajar, pero que la decisión de entregarle un arma reglamentaria de nuevo corrió por parte de la propia Policía.
Hace 10 días comenzó finalmente el juicio contra Gómez y los otros tres policías acusados de haber apañado al atacante sexual. Sin embargo, la resolución de este proceso se postergó hasta después de la feria de enero.
Mientras uno de los acusados ya confesó y acordó un juicio abreviado, otros dos dijeron ser inocentes. Hasta ahora, el único que se ha mantenido callado es Gómez. La resolución de este juicio es seguida con mucha atención por aquellos operadores judiciales siempre atentos a la política.
