Córdoba se prepara para una nueva marcha universitaria contra el veto de Milei

La comunidad de la Universidad Nacional de Córdoba convocó a marchar el miércoles 2 de octubre en línea con lo dispuesto a nivel nacional por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), los gremios docentes y no docente y la FUA. 

La concentración se realizará a las 12 horas en el Monumento de la Reforma en Ciudad Universitaria, para luego marchar a partir de las 13 hacia el centro de la ciudad de Córdoba donde se concretará un acto a las 14.30. Allí se leerá un documento en relación a la defensa del sistema universitario y científico. 

La convocatoria es “en defensa del sistema universitario y científico nacional, y la Ley de Financiamiento Universitario recientemente aprobada por el Congreso Nacional, y que el presidente Javier Milei ha anunciado que vetará”.

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David Rincón, integrante del gremio de docentes de la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) expresó su descontento con la situación actual de los docentes. "Evidentemente decir que no hay docentes pobres es fatal", afirmó Rincón, aludiendo a los dichos del oficialismo y ejemplificó con un caso específico de un docente que percibe un salario bruto de 155 mil pesos por un cargo simple de 10 horas de curso.

Rincón cuestionó las afirmaciones del gobierno sobre la situación salarial de los docentes: "Realmente, es lo que pasa habitualmente cuando ocurren estos reclamos. Salen con esas falacias, o con esas chicanas que tienen que ver con información falsa". Además, subrayó la falta de un verdadero ámbito de negociación: "Un ámbito paritario no hay. Nos convocan a reuniones donde la parte patronal es la que dice cuánto se aumenta".

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Qué dijo el rector de la UNC

"La problemática es la cuestión presupuestaria", afirmó a Cadena 3 el rector de la UNC, Jhon Boretto, quien destacó que a comienzos de año ya se había realizado una marcha debido al congelamiento de los gastos de funcionamiento. “Luego de esa marcha, el Gobierno dio una respuesta, mejorando las partidas para gastos de funcionamiento en un 270%”, añadió. Sin embargo, aclaró que esto solo representa menos del 10% del presupuesto total.

El retraso salarial es otro de los temas centrales. “El problema radica en que los salarios están más del 50% por debajo de la inflación”, explicó el rector, quien mencionó que los incrementos autorizados por el Gobierno son inferiores a los del resto del sector público nacional. Ayer se reanudaron las paritarias, aunque no se alcanzó un acuerdo.

Respecto al presupuesto universitario para 2025, el representante expresó su preocupación por la falta de actualización de los salarios y las partidas para gastos de funcionamiento. “Estamos preocupados por un presupuesto que permita funcionar a las universidades y que recupere el significativo retraso salarial”, señaló.

La ley de presupuesto universitario, que el gobierno anticipó que la vetará, es otro punto crítico. “Estamos pidiendo que no se vete esta ley, que se ejecute porque no compromete el superávit fiscal”, sostuvo Boretto. En caso de un veto, "se buscará trabajar con los legisladores para ratificar la ley en el Congreso", cerró.

Los argumentos de la marcha

El documento titulado “Para seguir siendo una nación. Sí al financiamiento universitario”, advierte que “la situación hoy, es más crítica que a comienzos de año, con un capítulo dramático en materia salarial. Es inadmisible y profundamente injusto que quienes tienen la responsabilidad de formar a futuras generaciones de profesionales y, con su trabajo diario permiten que las universidades funcionen, sean hoy los peores pagos y los más perjudicados por los incrementos otorgados”.

Precisa que “más del 70% de los trabajadores de la educación superior perciben salarios por debajo de la línea de pobreza y miles no recibieron incremento alguno desde principios de año”.

Resalta que “en este escenario sombrío, la aprobación en el Congreso de la Ley de Financiamiento Universitario para sostener el sistema en el presente año, abrió una esperanza, otorgando previsibilidad en materia presupuestaria y una respuesta a la angustiante situación salarial. Se trata de una ley responsable que resuelve los problemas de manera razonable, porque evita comprometer fiscalmente al Estado. A pesar de saberlo fehacientemente, el gobierno manifestó que optaría por vetarla”.

Plantea luego que “al mismo tiempo que se amenaza con el veto, se eleva al Congreso un proyecto de presupuesto para el 2025 que agrava aún más la situación. Nunca antes, los fondos solicitados por el CIN estuvieron a tanta distancia de lo que el gobierno propuso al Congreso para su tratamiento. Y ha quedado claro en este derrotero que no se trata de un problema de recursos, sino de prioridades”.

Informe de Gonzalo Carrasquera.