Uno de los policías acusados por el crimen de Blas Correas, el adolescente de 17 años asesinado durante un control de seguridad en agosto de 2020 en la ciudad de Córdoba, dijo este miércoles ante un jurado popular que "nunca" disparó con intenciones de matar, mientras que otra oficial imputada puso en evidencia que uno de los superiores sabía que habían plantado un arma.
El juicio por jurados que comenzó el pasado lunes tiene en el banquillo de los acusados a 13 policías de la provincia, entre ellos el cabo primero Javier Alarcón (33) y cabo primero Lucas Gómez (37), quienes están señalados como los autores de los disparos contra el Fiat Argo blanco en el que se movilizaba el adolescente con un grupo de amigos la madrugada del 6 de agosto de 2020.
En su declaración ante el jurado popular, Alarcón aseguró que esa madrugada le ordenaron controlar “un vehículo que supuestamente se dio a la fuga” en el que supuestamente se movilizaban “seis ocupantes que podrían portar armas y que habían querido cometer un delito”.
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El efectivo explicó que se encontraba en un control sobre avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, de barrio Colinas, y sostuvo: "Se aproxima el Fiat blanco y encara al policía Gómez. Desenfundé mi arma. Nunca disparé con intenciones de matar a nadie”.
"En ningún momento hubo un plan común” con el cabo primero Gómez en cuanto a la decisión de disparar contra el automóvil, al rechazar de esa manera parte de acusación que sostiene la fiscalía, respecto a que hubo “acuerdo tácito” entre ambos para “dar muerte a los ocupantes del vehículo”.
El policía no aceptó responder preguntas de las partes y sólo se refirió a esa circunstancia, tras lo cual el tribunal técnico le preguntó a Gómez si quería también declarar, aunque se abstuvo.
En este juicio que lleva adelante el tribunal de la Cámara 8va. del Crimen y con jurado popular, participan representantes de la Secretaría de Derechos Humanos de la Nación como "amicus curiae" (asesores jurídicos voluntarios del Tribunal), y Amnistía Internacional como "observador".
En esta jornada también declaró la oficial ayudante Yamila Florencia Martínez (24), quien llega a este juicio acusada de "encubrimiento por favorecimiento personal y real agravado por la calidad funcional, y omisión de deberes de funcionario público”.
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Martínez estaba a cargo del operativo de control de seguridad donde ocurrieron los disparos, acompañada por los policías Alarcón, Gómez y la agente Wanda Micaela Esquivel (34).
En su declaración reafirmó el relato de Alarcón que habían sido alertados por radio sobre la fuga del Fiat Argo blanco con “ocupantes supuestamente armados”.
“Como no sabíamos qué iba a pasar me pongo muy nerviosa. Saco mi arma cuando el auto se acercaba a baja velocidad. Hago señales para que frenara y no para”, manifestó la oficial, quien dijo que comunicó por frecuencia radial la situación y que entonces escuchó disparos efectuados por Gómez.
Martínez agregó que quedó “shockeada” porque “no se habían respetado los protocolos”, y afirmó que más tarde le informaron que "habían encontrado el fierro (arma)” que, luego, la investigación determinó que la habían “plantado” para simular un enfrentamiento.
La mujer policía finalmente confirmó que, junto a sus compañeros Gómez, Esquivel y Alarcón, se reunieron con el jefe del Comando de Acción Preventiva de la fuerza (CAP) 3, comisario Juan Antonio Gatica, quien les preguntó si “habían puesto el arma” (plantado), y que no hubo respuestas de los presentes.
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Durante la declaración se proyectó un video captado con las cámaras de un móvil policial que muestra a Alarcón abriendo el baúl del automóvil oficial cuando, aparentemente, saca el arma que luego plantan.
Para el abogado Alejandro Pérez Moreno, quien representa como querellante a la familia de la víctima, la difusión de ese video “evidencia de manera irrefutable el accionar policial cuando tratan de desviar la investigación plantando un arma” y resaltó el testimonio de la oficial Martínez, quien confirmó que “no había ninguna necesidad de disparar”.
"El auto (con la víctima) pasó despacio y nunca se le tiró encima a los policías, por lo tanto lo que sí hubo fue una actitud agresiva y asesina” de los efectivos, aseveró.
Ocho de los policías optaron por negar los hechos que se juzgan y se abstuvieron en declarar, en tanto la audiencia pasó a cuarto intermedio hasta el próximo martes a las 9 para completar con las indagatorias de los acusados y, probablemente en esa misma jornada, comience la instancia de las testimoniales con Soledad Laciar, mamá de Blas.
El hecho ocurrió la madrugada del 6 de agosto del 2020 cuando Blas se hallaba dentro de un Fiat Argo junto a cuatro amigos con quienes iba a ir a tomar algo a un bar.
Cuando circulaban por avenida Vélez Sarsfield y Romagosa, del barrio Colinas, en el sur de la capital cordobesa, uno de los jóvenes que conducía evadió un control policial porque (según dijo luego) se asustó porque uno de los policías le apuntó con un arma a la cabeza.
En ese momento, según la investigación, el suboficial Gómez (37) efectuó cuatro disparos con su arma reglamentaria, mientras que el cabo primero Alarcón (33) disparó en dos oportunidades.
Las pericias determinaron que uno de los cuatro disparos efectuados por Gómez impactó en la espalda de Blas, lo que le provocó la muerte, mientras que otro de los disparos traspasó el apoyacabeza y la capucha de uno de los adolescentes que estaba sentado en el asiento delantero del Fiat Argo, a milímetros de su cráneo.
Posteriormente, y con el objetivo de simular un enfrentamiento con un grupo armado, los policías "plantaron" un arma en las cercanías de la zona del control policial, según la acusación fiscal.
En este juicio, Gómez y Alarcón llegan acusados de ser "coautores de homicidio calificado por abuso de su función y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego, homicidio calificado por abuso de su función en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos- y homicidio agravado por el empleo de armas de fuego en grado de tentativa reiterado -cuatro hechos".
Los restantes 11 policías acusados son Sergio Alejandro González, Wanda Micaela Esquivel, Yamila Florencia Martínez, Walter Eduardo Soria, Enzo Gustavo Quiroga, Jorge Ariel Galleguillo, Leonardo Alejandro Martínez, Rodrigo Emanuel Toloza, Ezequiel Agustín Vélez, Leandro Alexis Quevedo y Juan Antonio Gatica.
Los cargos que enfrentan estos últimos son "falso testimonio, encubrimiento por favorecimiento personal agravado por la calidad funcional y omisión de deberes de funcionario público".
