Cuando el 22 de julio de 1969 el general Francisco Franco decidió que su sucesor a título de rey iba a ser el entonces príncipe Juan Carlos de Borbón y Borbón, de 31 años, el padre de éste, Juan de Borbón y Battenberg, conde de Barcelona, se resignaba definitivamente a perder la sucesión de su propio padre, el rey Alfonso XIII, quien tuvo que dejar el país ante la irrupción de la república el 14 de abril de 1931.
A partir de entonces el dictador creyó que la continuidad de los principios de su “Movimiento Nacional”, de inspiración fascista, estaba garantizada tras su muerte, ya que venía educando a Juan Carlos desde su llegada a España por primera vez en 1948, cuando tenía sólo 10 años, proveniente de Roma, donde nació.
Pero, afortunadamente para los españoles, con la muerte de Franco, el 20 de noviembre de 1975, y tras jurar como rey y asumir por ello como jefe del Estado, Juan Carlos comenzó a escribir una historia muy distinta teniendo como meta desde el inicio, la instauración de la democracia en el menor tiempo posible.
Comenzaría lo que ha pasado a la historia como una transición modelo desde lo político y social, con la designación del abogado Adolfo Suárez, el más joven político vinculado a la última etapa franquista, que se convirtió en un brillante ejecutor de esa tarea, con las primeras elecciones libres, el 15 de junio de 1977, y la redacción y proclamación de la nueva Constitución española, el 6 de diciembre 1978.
El rey, desde un papel de moderador y sostenedor del proyecto, había cumplido su mayor desafío, a lo que se agregaría luego desbaratar personalmente un intento de golpe de Estado por parte de ex militares franquistas el 23 de febrero de 1981.
El reconocimiento a su persona llegaba a la máxima expresión e incluso fue distinguido por la revista Time como “Hombre del año” por su trabajo “de recuperar la libertad” en España. Pero a finales de los años 80 comenzarían a trascender actividades privadas que iban desde escarceos con mujeres jóvenes, algunas de ellas famosas, y posteriormente, movimientos financieros presuntamente ilícitos que lo convertirían en millonario.
Paralelamente, impactó de lleno en la Casa Real la condena a cinco años de prisión a su yerno, Iñaki Urdangarin, esposo de la infanta Cristina, por delitos de malversación, prevaricación, fraude a la administración, entre otros, sumado al tráfico de influencias en el sonado “caso Nóos”, que juzgaba el desvío de millones de euros de dinero público a una fundación sin ánimo de lucro que él mismo Urgangarin presidía.
Hasta su abdicación, el 19 de junio de 2014, gozaba de la inmunidad constitucional que ahora posee su hijo, el rey Felipe, que da potestad de no ser juzgado “por ninguna presunción de hecho punible”, según la Constitución española.
Por ello, un gran debate en estos días en España es qué pasará con la presunta trama de coimas de unos 100 millones de dólares por una obra de construcción en Arabia Saudita, en la que fue involucrado por la empresaria Corinna Larsen, ex amante del rey emérito y con quien fue fotografiada junto a un elefante muerto tras una cacería en Botsuana, al sur de África, de la que ambos participaron junto a hombres de negocios saudíes, según la prensa española.
La presión mediática en busca de mayor claridad desde el Palacio de la Zarzuela, sede oficial de la familia real, contagió al gobierno del presidente socialista Pedro Sánchez, desde donde se inició una estrategia de acoso hacia Felipe VI, para retirar a su padre de la presencia institucional, cosa que se logró hace casi un año. Y luego, separarlo de la escena familiar o cercana a la familia del actual rey.
Las intimidaciones continuaron hasta que a comienzos de esta semana se conoció la extrema decisión del rey emérito no sólo de abandonar la residencia de la familia, sino también el país. A sabiendas de que su ausencia no resolverá mucho los problemas, dado que todo seguirá pendiente de una investigación y aclaración definitiva de todas las acusaciones y rumores, la estabilidad del monarca actual queda seriamente afectada.
La carta oficial de despedida de Juan Carlos de Borbón a su hijo no aporta mayores signos de tranquilidad, ni tampoco la reacción de la Casa Real en la persona del rey en ejercicio. Más aún cuando estas comunicaciones coinciden inevitablemente con el proceso de investigación sobre las finanzas del emérito, tanto desde Suiza como desde la Fiscalía española. ´
Según el Palacio de la Zarzuela, la citada misiva de padre a hijo, comienza con un “Majestad, querido Felipe”, y tras consideraciones sobre la repercusión pública que están generando “ciertos acontecimientos pasados de mi vida privada”, manifiesta su deseo de no perturbar la misión de su heredero “desde la tranquilidad y el sosiego que requiere tu alta responsabilidad”. Y termina confirmando que toma la determinación de abandonar el país, “guiado por el convencimiento de prestar el mejor servicio a los españoles, a sus instituciones y a ti como Rey”.
A esa carta se suma un breve comunicado del rey Felipe donde destaca “la importancia histórica que representa el reinado de su padre, como legado y obra política e institucional de servicio a España y a la democracia”. Como queda dicho, la figura del rey de España aparece herida, pero no peligra la institución monárquica. Sobre todo, porque son mínimos los cuestionamientos a la Corona en manos del actual monarca, y porque hasta ahora ningún representante del pueblo español ha pedido formalmente nunca su abolición en el Congreso. Sin embargo, es también bueno recordar que, en España, como en las restantes monarquías parlamentarias de Europa, jamás se le preguntó al pueblo mediante plebiscito, si querían esta forma política de Estado para su país.
