El gobierno eliminará más de 120.000 pensiones por invalidez

Federico Albarenque

La Agencia Nacional de Discapacidad está llevando a cabo un control exhaustivo sobre las asignaciones por incapacidad. En Argentina, se estima que existen alrededor de 1.200.000 pensiones de este tipo, una cifra que resulta asombrosa, especialmente si consideramos que proviene de un país que no ha enfrentado conflictos bélicos.

El proceso de verificación comenzó con un análisis de 400.000 casos, revelando que entre un 30 y 40% de estas pensiones están mal otorgadas. Esto significa que entre 120.000 y 160.000 pensiones podrían no corresponder. Las razones detrás de estas irregularidades son alarmantes: desde documentación médica falsificada hasta casos extremos como el uso de una radiografía de un perro para justificar múltiples pensiones. Este tipo de situaciones no solo es indignante, sino que también pone de manifiesto la falta de control y supervisión en el sistema.

Según los datos actualizados a septiembre, cada pensión equivale al 70% de la jubilación mínima, es decir, alrededor de 164.000 pesos. Cuando multiplicamos esta cifra por la cantidad de pensiones que el gobierno ha identificado como irregulares, llegamos a un gasto mensual de casi 20.000 millones de pesos, lo que anualmente suma la impresionante cifra de 230.000 millones de pesos. Para poner esto en perspectiva, esta cantidad podría financiar la construcción de 5.000 viviendas al año o proporcionar un bono de 30.000 pesos a cada uno de los 7.500.000 jubilados del país.

Sin embargo, el problema no radica únicamente en la falta de control, sino en la complicidad de quienes han otorgado estas pensiones. Esto es un reflejo de una cultura de impunidad que parece haberse instalado en el sistema. La auditoría que se está llevando a cabo no solo busca corregir este problema, sino que también ha dado lugar a denuncias penales, lo que indica que hay un reconocimiento de que alguien debe rendir cuentas por estos actos.

Es fundamental entender que este tipo de irregularidades no solo perjudican al Estado, sino que también afectan a los ciudadanos que realmente necesitan apoyo. El dinero que se pierde en pensiones mal otorgadas podría ser redirigido a quienes verdaderamente lo requieren.