En septiembre último eran 38 familias las que se pararon sobre el asfalto de la ruta nacional 9 norte, en el acceso a Colonia Caroya y Jesús María, e impidieron todo tipo de tránsito vehicular. Adultos con niños que desde hacía un tiempo se habían instalado en un asentamiento ubicado a un costado de allí, sobre un terreno usurpado. Familias muy humildes que pedían agua potable y energía eléctrica.
El corte generaba trastornos de todo tipo. En esa fecha se desarrollaba la ExpoRural en Jesús María, además del flujo cotidiano de tránsito de camiones de alto porte que a diario recorren ese tramo de la ruta 9 que conecta con el norte del país. Los rodados debían desviar su recorrido unos kilómetros antes, para internarse por la zona urbana de Colonia Caroya y luego retomar, más adelante, la ruta nacional. Destrozos en el camino y en los árboles, además de un peligro constante, fueron las críticas de los vecinos de la ciudad ante las derivaciones que originaba el corte.
En aquel momento, mientras el fiscal federal Maximiliano Hairabedian intentaba mediar, el intendente de Colonia Caroya, Gustavo Brandán, recibió a los que protestaban. Les indicó que se trataba de un terreno usurpado, que era un conflicto entre privados y que a la energía eléctrica la suministraba una empresa provincial, por lo que el municipio no podía hacer mucho en ese sentido. Pero sí se comprometió a enviar un camión cisterna con agua de manera periódica.
Fue entonces que el reclamo de estas familias cesó. Hasta este miércoles, en vísperas del comienzo del Festival de Doma y Folklore, cuando otra vez cortaron la ruta y generaron el mismo caos en el tránsito vehicular. Ahora, son 43 familias que volvían a exigir una reunión con el intendente Brandán, la luz y un pico con agua potable en el asentamiento.
"Es gente muy pobre, realmente es un asentamiento muy precario. La mayoría vino de otras provincias y se ha quedado ahí", describió un funcionario que participó de las negociaciones.
Desde el municipio le reiteraron que se trataba de un conflicto con privados. Y otra vez el fiscal federal Hairabedian tuvo que intervenir. Estuvo en el lugar e intentó dialogar con los manifestantes. Les indicó que debían liberar la calzada y cuando todos parecían que se iban a poner de acuerdo irrumpió el líder del asentamiento, el que organizó los lotes usurpados para luego venderlos en cuotas, según se sospecha, quien a los gritos dijo que ahí nadie se iba a mover de la ruta. Y hasta se arrojó sobre las ruedas de un patrullero.
Ante esto, el juez federal Alejandro Sánchez Freytes le ordenó a Gendarmería Nacional que desalojara la ruta. Fue entonces que sucedió lo inexplicable, según apuntaron las fuentes federales consultadas: desde la fuerza de seguridad le respondieron que primero debían pedirle instrucciones al Ministerio de Seguridad de la Nación, cartera que dirige Aníbal Fernández. "Tenemos la orden de no reprimir en protestas sociales", se indicó como argumento.
En la torre de los Tribunales Federales de Córdoba no podían creerlo: un ministro por encima de un juez.
Como la respuesta de Gendarmería Nacional se dilataba, el juez tuvo que recurrir a la Policía provincial. El líder de la protesta fue detenido y se logró despejar la ruta en la noche del miércoles.
A nadie le escapaba el comienzo del Festival para este jueves. "Está claro que el corte es extorsivo, porque va a generar un gran caos, aún más grande, si seguía cuando comenzara el festival", apuntó uno de los informantes.
Ya con la ruta liberada para el tránsito vehicular, en la noche del miércoles, el juez ordenó que Gendarmería apostara una unidad fija en ese sector para evitar que los manifestantes volvieran a cortar la ruta, ya que se habían quedado a un costado amenazando con volver a pararse en medio de la calzada.
Sin embargo, minutos antes de las 12 de este jueves, otra vez volvieron a cortar por completo la ruta 9 norte, a la altura de la fábrica de la firma Arcor. "Gendarmería no hizo nada para evitarlo, es increíble", fue la queja que llegó desde Tribunales federales.
Ante esto, y tras casi una hora, fue la Policía provincial la que debió intervenir para desalojar otra vez la ruta, que ya está liberada.
Desde la fuerza cordobesa dejaron trascender su malestar por la inacción de Gendarmería. En ese aspecto, las fuentes consultadas recalcaron que el juez Sánchez Freytes debió reiterarle este jueves a Gendarmería que es su obligación evitar nuevos cortes en ese tramo de la ruta 9 norte.
Informe de Juan Federico.
