Investigan encubrimiento policial en un trágico accidente

Un juez de San Juan pidió investigar si un accidente protagonizado por un policía contó con el encubrimiento de sus pares de la fuerza de seguridad.

El siniestro ocurrió el 11 de mayo, cuando el agente Alejandro Guzmán atropelló en su Fiat Tipo Easy a una familia en Caucete y provocó una gran desgracia: la pérdida del bebé de 36 semanas de gestación de la joven Emilce Guzmán (21), que luego del siniestro fue operada y ya no podrá tener más hijos.

Tras el procesamiento y embargo al efectivo, el juez Juan Pablo Ortega apunta también contra el accionar policial, ya que sospecha que sus colegas cometieron irregularidades para encubrir a su Guzmán.

El magistrado asegura que los policías hicieron referencias imprecisas o incorrectas sobre circunstancias del hecho, como la oscuridad del lugar donde ocurrió el impacto.

También cree que acusado tuvo libertad de manipular la evidencia ligada a la investigación, como su propio auto, del que sacó varios elementos importantes para poder esclarecer el hecho: un GPS, su teléfono y un sistema de registro de video que el vehículo tenía instalado.

Por una pericia que encargó a Gendarmería, el juez supo que la tarjeta de video con el momento del accidente había sido cortada al final, en el momento previo al impacto del auto contra las víctimas y que eso ocurrió el 15 de mayo, cuatro días después del siniestro.

El magistrado descartó la versión de Guzmán de que el propio sistema de video realizó ese corte, porque los peritos demostraron que empleó un programa de edición que fue borrado, igual que otros archivos de esa tarjeta de memoria.

Ademá, Guzmán trabajaba entonces en la unidad de Delitos Complejos de la Policía, es decir en el área donde se realizan pericias de informática, entre otras. También se suma que es hijo de un alto jefe policial que esa noche estuvo presente en el lugar del hecho.

El juez imputó al acusado de lesiones leves, lesiones graves y gravísimas, agravadas por ser más de una las víctimas y se le ordenó un embargo de $300 mil.