La Comisión Interamericana de DD.HH. pidió a Maduro informes sobre el gendarme

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió la Resolución 1/2025, donde otorgó medidas cautelares en favor del gendarme Nahuel Agustín Gallo. Esta decisión se produjo ante la falta de información oficial sobre su paradero desde su detención el 8 de diciembre de 2024 en el Puente Internacional Francisco de Paula Santander, ubicado en Ureña, Venezuela.

El organismo indicó que el gendarme argentino "se encuentra en una situación de gravedad y urgencia, toda vez que sus derechos a la vida e integridad personal enfrentan un riesgo de daño irreparable en Venezuela”.

Según la información proporcionada por la CIDH, Gallo, Cabo Primero de la Gendarmería Nacional de Argentina, fue arrestado mientras intentaba ingresar a Venezuela para visitar a su esposa y a su hijo de dos años. 

En el momento de su detención, contaba con todos los documentos requeridos, incluyendo un pasaporte vigente y un pasaje de ida y vuelta. Tenía previsto alojarse en la residencia de su pareja durante su estadía. Sin embargo, tras una revisión de documentos, las autoridades del régimen bolivariano lo separaron para realizarle una “entrevista”, le confiscaron su teléfono y lo dejaron incomunicado.

El último contacto que Gallo tuvo con su familia se produjo minutos antes de las 11 de la mañana del 8 de diciembre y pudo comunicarse con su esposa usando el teléfono de un taxista que lo había transportado previamente. 

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En esa breve conversación, el gendarme informó que estaba siendo trasladado para una segunda "entrevista". Posteriormente, el taxista mencionó que los responsables de su traslado eran funcionarios de la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM), quienes se identificaron con las siglas visibles en el vehículo oficial.

La CIDH destacó que, aunque varios altos funcionarios chavistas reconocieron públicamente que Gallo se encontraba detenido, no se ofrecieron detalles sobre los motivos de su detención, los cargos que se le imputan ni el lugar donde estaría recluido. 

Además, no se proporcionó información sobre si había recibido atención médica o si había sido presentado ante un tribunal competente, lo que intensificó la incertidumbre sobre su situación jurídica y física.

Según la Corte Interamericana de Derechos Humanos, los abogados de Gallo en Venezuela fueron citados el 17 de diciembre de 2024 a la Fiscalía para obtener información sobre su paradero y se les notificó que la denuncia por desaparición no procedía.

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Luego, los intentos posteriores de presentar la denuncia en las oficinas centrales de la Fiscalía General en Caracas también fueron rechazados. La madre de la pareja de Gallo se dirigió a la sede de la DGCIM en Boleíta, Caracas, donde los funcionarios negaron que el detenido se encontrara en esa instalación.

El gobierno de Javier Milei calificó la situación como una "desaparición forzada", subrayando la negativa del régimen venezolano a proporcionar información sobre el paradero de Gallo, así como sobre sus condiciones de reclusión y su estado de salud física y psicológica.

En este contexto, el jueves, el gobierno de Nicolás Maduro difundió fotos y videos de Gallo, en las que se lo veía con una remera y un pantalón de color celeste claro, en un espacio que parecía un playón, frente a una tribuna de tablones de madera. Sin embargo, no se ofrecieron precisiones sobre el día ni el lugar en que se tomaron las imágenes.

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