Julieta Jaime, hija del ex funcionario preso Ricardo Jaime, solicitó este martes a la Justicia Federal de Córdoba su reincorporación inmediata a la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC). Lo hizo tras un fallo que ordenaba su restitución pero que debe quedar firme para que se concrete.
Jaime estaba suspendida del ente nacional desde el 2016 por una investigación en la que se encuentra procesada por el delito de enriquecimiento ilícito junto con su padre –que está condenado por la misma figura en otra causa-.
El juez federal Nº 3, Miguel Vaca Narvaja, hizo lugar el pasado viernes al pedido de la mujer de 38 años. Sin embargo, sus abogados solicitaron un amparo que la reincorpore de inmediato.
“Hemos pedido que pueda gozar de su trabajo como medida cautelar hasta que se resuelva la cuestión de fondo, si hubiera una apelación”, detalló a Cadena 3 el letrado Jorge Sánchez del Bianco, quien la representa.
Y explicó: “Ha sufrido cuestiones que hacen a sus necesidades básicas que no ha podido cubrirlas. Se acreditó esa circunstancia y por esa cuestión hizo lugar el señor juez federal, motivo del pedido de amparo”.
El pedido de Jaime se enmarca en que afirmó que no tiene recursos para mantenerse y llegar a fin de mes.
En el 2016, cuando estaba en el cargo, cobraba un sueldo de $ 55 mil que quedó suspendido por orden del juez federal de Capital Federal Sebastián Casanello en el marco de la investigación por enriquecimiento ilícito.
Comunicado de ANAC
La entidad publicó un comunicado este martes en el que señala que “Julieta Jaime está procesada desde el día 12 de mayo de 2016 en la causa Nro. 12.446/2008 'Jaime, Ricardo Raúl y otros s/Enriquecimiento ilícito', por encontrarla participe primaria, penalmente responsable del delito de enriquecimiento ilícito de su padre quien ejercía funciones públicas”.
Agrega que “en virtud de ello y en el marco de las facultades propias de este organismo es que se ordenó la investigación sumaria, la que concluyó con la Resolución ANAC Nro. 686/16 por la que se dispuso la suspensión preventiva de la agente hasta tanto se resuelva la causa judicial”.
Aclara que “actualmente la causa tramita ante el Tribunal Oral Criminal Federal Nro. 6, habiéndose comenzado el debate oral el día 11 de marzo de 2019, por lo que todavía no se ha dictado sentencia definitiva”.
Entiende la ANAC que “la suspensión de la agente Jaime no constituye una violación al derecho de defensa previsto en el art. 18 de la Constitución Nacional tal como lo manifiesta el fallo (del juez Vaca Narvaja), como así tampoco al principio de inocencia, pues el auto de procesamiento fue dictado en mayo de 2016 y confirmado por la Sala I del mismo fuero en fecha 23 de agosto de 2016”.
Remarca el organismo que “el art. 58 del Reglamento de Investigaciones Administrativas determina que cuando un agente se encuentra procesado por hechos no vinculados al servicio y la naturaleza del delito que se le imputa fuera incompatible con su desempeño en la función, podrá disponerse la suspensión preventiva del mismo hasta tanto recaiga pronunciamiento en la causa penal a su respecto”.
“La ANAC considera que el amparo que presentó la hija de Ricardo Jaime no es la vía formal judicial idónea para este tipo de petición y que la suspensión ordenada por ANAC no la coloca en situación de insolvencia, ni constituye un perjuicio irreparable o irreversible al derecho que se alega”, añade el comunicado.
Y destaca que “el artículo 60 inc. a) del mismo Reglamento citado anteriormente prevé que en el caso que el agente sea absuelto o sobreseído en sede penal y solo por el tiempo que estuvo en libertad, se le pagan los haberes por el lapso que se mantuvo la suspensión”.
Finalmente se pronuncia indicando que “el fallo emitido, después de más dos años de iniciada la causa, no solo resulta llamativo en términos de tiempo transcurrido y el contexto político en el que pronuncia sino que además implica desconocer facultades propias de la Administración Pública, e implica una vez más una violación a la división de poderes constitucionalmente reglada”.
Julieta Jaime había sido procesada por el juez federal Sebastián Casanello en mayo de 2016 y la había embargado por $500.000, ya que, según el magistrado, la hija de Jaime participó de la compra de una moto de agua y de una casa en Villa Carlos Paz cuando su padre era secretario de Transporte.
Informe de Francisco Centeno.
