La Justicia ordenó al arzobispo de Salta y a sacerdotes hacer capacitaciones
La máxima autoridad de la Iglesia salteña también tendrá que ir al psicólogo. La resolución será apelada por los abogados del Arzobispado.
05/04/2024 | 19:18Redacción Cadena 3
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Informados al regreso
La jueza Carolina Cáceres Moreno encontró culpables al arzobispo Mario Cargnello y a otros líderes religiosos por casos de violencia de género contra monjas Carmelitas Descalzas del Convento San Bernardo y les ordenó a hacer tratamiento psicológico y capacitarse en género.
Además, la jueza estableció que deben mantener la prohibición de acercamiento, tras encontrarlos responsables de hechos de violencia de género ejercida contra las monjas Carmelitas Descalzas del Convento San Bernardo durante más de 20 años, incluyendo violencia física, psicológica y económica.
En ese sentido, el abogado defensor del arzobispo, Eduardo Romani, dijo a Cadena 3 que "el proceso está abierto todavía" y aseguró que "no hay ninguna condena conrta el obispo y contra ninguno de los involucrados".
"Ya la Justicia dijo que no había ningún tipo de delito relacionado con violencia. En los próximos días se va a presentar la apelación de la resolución que entendemos que es totalmente inadecuada y contraria a derecho", agregó.
Los otros involucrados son el sacerdote Lucio Ajaya, el obispo emérito Martín de Elizalde y el vicario judicial Loyola Pinto y de Sancristóval.
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En su sentencia, la magistrada detalló los hechos de violencia: "la obstrucción/demora/negativa en la elección de la Priora y el préstamo de dinero al Obispo sin devolución a la fecha, lo que configuró violencia de género del tipo psicológica y económica".
En tanto, las medidas incluyen tratamiento psicológico durante seis meses y capacitación en género y violencia de género, con supervisión del Observatorio de Violencia Contra las Mujeres.
También se ordenó notificar al Papa Francisco y se impusieron costas judiciales a los acusados, con revisión de conducta de los abogados implicados.
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La causa por violencia se inició en el año 2002.
La jueza instó a las denunciantes a realizar retiros y/o ejercicios espirituales para abordar psicológicamente las consecuencias del maltrato sufrido.
Informe de Elisa Zamora.
