Se trató de un miércoles pésimo para la Policía de Córdoba. En un puñado de horas, dos resoluciones judiciales generaron un fuerte impacto.
Por un lado, el juez de Control Carlos Lezcano rechazó los recursos defensivos y confirmó la elevación a juicio contra los 13 policías imputados en la causa por el crimen de Valentino Blas Correas (17). Y por otra parte, el fiscal Anticorrupción Matías Bornancini, ordenó múltiples allanamientos e imputó a 12 policías por la increíble seguidilla de robos de motos secuestradas en el predio oficial de Potrero del Estado.
Se trata de una causa que acumuló diferentes investigaciones que durante años estuvieron desperdigadas en diferentes fiscalías y que en septiembre último el fiscal General Juan Manuel Delgado ordenó que se aglutinaran bajo la mirada de Bornancini.
En todos los casos, alrededor de 60 denuncias en total, se describía el mismo modus operandi: motos que eran secuestradas en operativos legales en la vía pública por alguna contravención (no usar casco, falta de documentación, más pasajeros de la permitida), y una vez que sus propietarios saldaban sus dedudas con la Justicia e iban a retirarlas se topaban con que habían desaparecido del predio estatal.
Potero del Estado está ubicado en la comuna de Bouwer, a un paso de la ciudad de Córdoba. Son 20 hectáreas repletas de motos y autos secuestrados por la Justicia de Córdoba. Si bien los vehículos están a disposición de jueces y fiscales provinciales, el predio es de la Policía. Cuenta con una custodia permanente las 24 horas de todos los días del año.
Por eso, la seguidilla de robos generó demasiadas suspicacias. De manera irónica, Potrero del Estado comenzó a ser definido como "el Triángulo de las Bermudas". Pero en este caso, en las últimas horas el fiscal Bornancini sí encontró una respuesta al enigma de las "desapariciones". Y avanzó contra los propios policías encargos de la custodia de estos rodados.
De acuerdo a las fuentes consultadas, la investigación tiene tres patas: una denuncia que advertía que en Villa de Soto un policía vendía las motos secuestradas en Potrero del Estado; una causa anterior que llevó adelante el fiscal José Bringas y que ya tenía a dos policías imputados; y otra denuncia anónima de una persona que dijo haber estado en un asado en el que policías se jactaban de desarmar motos para llevarse de todo.
"No se advierte una sola organización, sino que cada grupo actuaba por su cuenta y sacaba lo que hacía falta: estaban a los que le pedías el tanque de nafta de una moto 110 y te lo sacaban y vendían; los que se robaban la moto apenas entraba y la vendían; y los que buscan sólo algo en particular", resumió un informante.
También había civiles: hace pocos domingos, cinco ladrones fueron sorprendidos y detenidos adentro del predio. Además, hace dos semanas, dos delincuentes fueron atrapados en barrio Villa Angelelli, de la ciudad de Córdoba, cuando intentaban huir de un robo en una de las motos denunciadas como robada en Potrero del Estado. Lo llamativo de este caso es que ese rodado sólo duró 24 horas adentro del predio: los delincuentes contaban con datos muy finos.
De manera hermética, el fiscal Bornancini fue armando el rompecabazas detrás de este escándalo. Porque es muy difícil de explicar a la opinión pública cómo es que motos y autos secuestrados por la Justicia y custodiados por la Policía terminaran por "desaparecer".
Tras nueve allanamientos simultáneos, 12 policías (11 de ellos en actividad) terminaron imputados. Hurto y omisión de los deberes funcionales fueron las principales acusaciones. Uno de ellos, el cabo primero Justo Suárez Pavón, quedó detenido. "Era el más cebado de todos, se presume que tenía contacto con un taller al que le llevaba los elementos de las motos", apuntó otra fuente.
Desde la fiscalía también se destacó que fueron otros policías los que investigaron a sus colegas. Y pese a esto, nada se filtró. En ese sentido, se advirtió que desde la Jefatura de Policía se habían mostrado preocupados por la insólita cantidad de motos robadas, por lo que de a poco se han comenzado a desarrollar algunas obras para intentar mejorar la infraestructura de prevención en el sector.
El propio fiscal Bornancini advirtió estas falencias cuando en octubre fue a Potrero del Estado para realizar una inspección ocular.
Se arregló un camino de acceso que estaba intransitable para los patrulleros, se mejoró la iluminación y se ha prometido una inversión en cámaras de vigilancia. Recursos básicos para un predio que más que un "Triángulo de las Bermudas" se ha transformado en una enorme vergüenza oficial.
