1. Mellizo: el rodado, de color negro, fue secuestrado a fines de 2018 por una fiscalía de Villa Dolores. Estaba en una concesionaria de esa ciudad. El dueño de otro BMW X1 blanco, que vive en Buenos Aires, denunció que un vecino de Villa Las Rosas le pedía una transferencia para poder vender el vehículo. Él se dio cuenta de que se trataba de un "mellizo". Tenía la chapa, la tarjeta verde y el chasis adulterados.
2. Origen: en los registros figura que el BMW X1 había sido robado en la provincia de Buenos Aires, antes de 2018. Se denunció su sustracción en el Juzgado de Morón. Ahora, su propietario original tendrá que reclamarle un resarcimiento al Estado de la Provincia de Córdoba por el siniestro vial que protagonizó González, ya que el rodado sufrió daños estructurales. El vehículo, en valor de mercado, cuesta no menos de 45 mil dólares.
3. Indemnización: también se descuenta que el Estado cordobés, que era el garante del BMW X1 en guardia judicial, va a terminar por ser el demandado por todo el daño causado en la tragedia vial de las Altas Cumbres.
4. Causa penal: González fue imputado por homicidio culposo agravado y lesiones graves culposas. Se sospecha que él, al volante del BMW X1, se cruzó al carril contrario, donde impactó de frente con el Renault Sandero. La fiscalía de Villa Cura Brochero, a cargo de Analía Gallarato, aguarda el resultado de todos los peritajes para intentar establecer la dinámica de la tragedia. El fiscal General, Juan Manuel Delgado, ya aclaró que de ningún modo una fiscalía Anticorrupción podrá investigar el siniestro vial por el que González quedó imputado.
5. El TSJ: el caso puso en discusión con qué criterio entrega los vehículos para su guarda judicial. "La ley provincial 8550 asigna al Tribunal Superior de Justicia la disposición de los automotores secuestrados en causas penales cuando en razón de la adulteración del block, motor, chasis, carrocería, chapas patentes o documentación legal, no pudieran ser individualizados o hallados los propietarios, poseedores o legítimos tenedores de los mismos", se lee en la justificación legal sobre esta medida. Hoy, son 3.442 los vehículos en esta condición: secuestrados por la Justicia de Córdoba y utilizados por diversas organizaciones. La ley le indica al TSJ que los puede entregar, en carácter de depósito judicial, "a entidades que cumplan una función o servicio público específico como también subastarlos cuando no fuere conveniente entregarlos en depósito o resultare gravosa su conservación".
“El organismo que recibiere un automotor en depósito, asumirá las obligaciones inherentes a su guarda y conservación, debiendo contratar un seguro de responsabilidad civil”, agrega la norma en su primer artículo.
En este caso, surge una pregunta obvia: ¿por qué la Justicia de Córdoba dispuso que un funcionario, en este caso legislativo, utilice un auto que había sido robado, adulterado y recuperado, antes que intentar devolvérselo a su real propietario?
6. Justicia Federal: hace 10 meses que la causa por la adulteración del BMW X1 negro pasó a ser competencia de la Justicia Federal. El fiscal Carlos Casas Nóblega es el encargado de investigar la adulteración de la chapa patente. En ese fuero se asegura que jamás se le revocó a González la asignación que le había facilitado el TSJ porque la disposición del auto continuó siendo de competencia provincial. Por normativa, en el fuero federal sólo la Corte Suprema es la encargada de avalar cada otorgamiento de vehículos bajo guarda judicial. El TSJ no lo devolvió en todo este tiempo el BMW a su propietario original, quien había denunciado el robo en el Juzgado de Morón.
7. Silencio oficial: recién este viernes un sector de la oposición presentó en la Unicameral un proyecto para que se revea el uso discrecional que hacen de los rodados secuestrados diversas instituciones estatales, tanto legislativas como ejecutivas. González tenía asignado para él cuatro autos que en su momento habían sido secuestrados por la Justicia en diferentes causas. Todos, de alta gama. Hay vehículos secuestrados que también han sido asignados a legisladores opositores, a vocales del TSJ y a la Fiscalía General, entre otros funcionarios públicos.
8. Fuera de la ley: González circulaba en un auto adulterado. La respuesta del TSJ indicó que no podían asignarle otra patente porque están obligados a no adulterar la prueba, en este caso, el auto. A la luz de lo ocurrido, la prueba ahora se destruyó casi por completo. Por lo general, a los autos bajo guarda judicial se les cambia la chapa, por otra en la que se lee "Ley 8550", con la idea de evitar que circulen por fuera de la normativa vigente.
9. Licencia: González circulaba con una licencia de conducir otorgada en Las Tapias, pese a que tiene domicilio en Villa Dolores. En su foja figuran varias multas impagas, lo que sería un obstáculo para poder acceder a una licencia expedida por algún municipio adherido al Registro Provincial de Antecedentes de Tránsito (Repat). El coordinador de Gabinete de Las Tapias, Maximiliano Romero, dijo a Cadena 3 que el sistema que permite el registro de carnet en ese municipio no está adherido al Repat, por lo que al momento de otorgarle la licencia, no se pueden corroborar los antecedentes o infracciones cometidas por el solicitante. La ley no obliga a los municipios a adherir a este registro: cerca del 40 por ciento de las comunas y municipios cordobeses se mantiene por fuera de esta norma y le pueden dar la licencia a cualquier persona que la solicite.
10. Habilitación: González espera el avance de la causa en libertad y, hasta ahora, no se informó que se le haya revocado la licencia otorgada por el municipio de Las Tapias para que continúe manejando.
