Nora Raquel Dalmasso tenía 51 años. El domingo 26 de noviembre de 2006, un vecino del country Villa Golf, en Río Cuarto, la encontró asesinada en la habitación de su hija. Estrangulada con el cinto de su bata. Más de 15 años después, esa escena criminal es lo único concreto que tiene la Justicia de Córdoba.
Durante esta década y media perdida en procura de buscar esclarecer qué pasó, los diversos fiscales que tuvo el caso llegaron a conclusiones bien diferentes entre sí. Prejuicios y ficción detrás de uno de los homicidios más resonantes de la historia penal cordobesa.
Poder, dinero, contactos y mucho chisme barato fueron los condimentos del rancio caldo que se cocinó en torno al asesinato de Nora. Una mujer a la que ya muerta la ultrajaron y mataron varias veces más. Y por cuya memoria la Justicia hizo poco.
Este lunes, el viudo Marcelo Macarrón, un traumatólogo vinculado a los sectores acomodados de la sociedad riocuartense, comenzará a ser juzgado por el delito de homicidio calificado por el vínculo, alevosía y precio o promesa remuneratoria, en concurso ideal, previsto en el artículo 80, incisos 1, 2, 3 del Código Penal. Esta figura penal plantea una única condena en caso de ser hallado culpable: la prisión perpetua.
Fue el último de los cinco fiscales que tuvo el caso, Luis Pizzaro, el que terminó por elaborar la hipótesis que ahora llega a juicio. Este fiscal, abocado al narcomenudeo en el Departamento Tercero Arriba, llegó al caso Dalmasso por el fracaso de sus colegas. La falta de fiscales competentes para continuar la investigación derivó en que el expediente terminara en poder de Pizzaro. Y tras leer todo lo actuado desde 2005 hasta la fecha, y tomar unos pocos testimonios nuevos, este fiscal escribió su propia teoría: Macarrón contrató a un sicario para que matara a Nora y simulara una escena de abuso sexual. ¿Con qué objetivo? Evitar dividir los bienes en un divorcio que aparentemente ya estaba en el horizonte de la pareja.
En su escrito, Pizzaro anota una serie de suposiciones sobre los problemas de pareja y agrega que el viudo habría actuado en complicidad con otros beneficiarios económicos o políticos del crimen, a los que nunca identificó.
Como tampoco logró ponerle un nombre concreto al supuesto sicario. El dato es clave en esta historia: jamás en la historia judicial del país, alguien fue condenado por encargar un crimen sin conocer la Justicia a quién se lo encomendó.
En todo el expediente que Pizzaro llevó a juicio no hay ni una pista concreta que permita inferir quién mató a Nora y cómo fue contratado.
Es por ello que la defensa de Macarrón decidió apurar el juicio y ni apeló a fines de 2020 la elevación de la causa. Están confiados que tras este proceso oral y público, la persecución judicial al viudo quedará definitivamente clausurada.
Es que el caso ya prescribió. El autor material del asesinato de Nora quedó definitivamente impune. Como la causa contra el viudo fue elevada justo antes de que se agotaran los plazos legales, sólo queda la única chance de una condena contra él. De lo contrario, ya nadie pagará por el crimen.
Este fracaso tiene su propia historia.
Apenas se conoció el crimen y comenzaron a rodar toda clase de difamaciones en torno a la víctima, el abogado Rafael Magnasco, quien entonces era asesor de la Secretaría de Seguridad de la Provincia, pidió que la Justicia lo imputara para que le efectuaran un análisis de ADN y una rinoscopía. Para ordenar estos peritajes, fue necesario que el fiscal Javier Di Santo lo imputara como sospechoso leve del homicidio.
De esta manera, Magnasco logró demostrar que él no estaba vinculado con la víctima, tal como esos rumores intentaban endilgarle. Tras ser desvinculado del caso, le inició una demanda millonaria a la Provincia.
Ya en el verano de 2007, un extraño trío de fiscales conformado de manera especial para el caso (a Di Santo se le sumaron Fernando Moine y Marcelo Hidalgo) acusó al pintor Gastón Zárate de haber violado y asesinado a Nora. En la época del crimen, Zárate trabajaba junto a un grupo de obreros en una serie de refacciones dentro de la casa Villa Golf. Esta imputación dio origen a una inédita manifestación popular en Río Cuarto, conocida como "el perejilazo". Zárate estuvo 24 horas detenido y su liberación fue un golpe de gracia para el trío de fiscales.
En medio de toda la convulsión, renunció el fiscal General de la Provincia, Gustavo Vidal Lascano.
El 6 de junio de 2007, Di Santo avanzó en una nueva teoría, la llamada "pista Edipo": imputó al hijo Nora, Facundo Macarrón, en medio de una extraña hipótesis sexual.
Durante años, Zárate y Facundo Macarrón continuaron imputados al mismo tiempo por el caso, bajo hipótesis totalmente diferentes. Ambos terminaron sobreseídos y la causa continuó navegando en la orfandad de pruebas de verdad.
Di Santo terminó por apartarse y en 2016 asumió al frente del caso el fiscal Daniel Miralles, quien duró sólo un año. Tiempo suficiente para elaborar una curiosa teoría que intentó llevar a juicio sin éxito: Marcelo Macarrón, quien para la fecha del crimen se encontraba jugando un torneo de golf con amigos en Punta del Este, Uruguay, habría viajado en avioneta de manera clandestina en medio del campeonato hasta Río Cuarto, donde llegó a su casa durante la noche, mantuvo relaciones sexuales con su mujer, la mató, regresó a la aeronave y voló de nuevo a Uruguay, donde el día después ganaría el torneo.
No había registro de vuelos ilegales ni testigos, pero Miralles se aferró a la prueba de ADN hallada en el cadáver, que indicaba restos de semen de Macarrón en el cuerpo de la víctima.
El mismo ADN que en su momento Di Santo había valorado para imputar al hijo.
Tras el apartamiento de Miralles, asumió Pizarro, quien no suele investigar homicidios. Y terminó por elaborar la pista del supuesto sicario contratado por Macarrón, hipótesis que este lunes sentará al viudo en el banquillo.
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