Ocurrió en medio de una reunión que se llevó a cabo en las últimas horas en la sede de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, encuentro del que participaron legisladores nacionales de Santa Fe y los jueces, fiscales y defensores federales de esa jurisdicción. Fue entonces que los funcionarios judiciales sacaron a relucir una lista de reclamos en el que dejaron al descubierto lo que ellos mismos definieron como "la flaca estructura de la Justicia Federal de la provincia".
En ese sentido, reclamaron que se ampliara la cantidad de cargos existentes de fiscales, defensores y jueces, ya que hace 42 años que no se crea una fiscalía federal en Rosario y un juzgado federal en Sante Fe. "Cuatro décadas atrás prácticamente no existía el delito de narcotráfico en la región", remarcaron para dar cuenta de la dimensión de la necesidad.
En la última década, la violencia asociada al narcotráfico está haciendo estragos en esa provincia. Rosario y Santa Fe comenzaron a mostrar, de manera sostenida, estadísticas tremendas en cuanto a la cantidad de homicidios. La brutalidad extrema generó reacciones y promesas de todo tipo en este tiempo, con el envío casi periódico de fuerzas de seguridad nacional para realizar despliegues y operativos grandilocuentes.
Pero la realidad violenta se ha mantenido de manera inalterable en estos años. Y este 2021 asoma con un triste récord en materia de asesinatos en la ciudad de Rosario.
Es en este marco que los funcionarios judiciales federales de Rosario revelaron a los legisladores que no cuentan con recursos básicos para poder contrarrestar hoy el poder de las bandas del crimen organizado.
En diálogo con Cadena 3, el presidente de la Cámara Federal de Rosario, Aníbal Pinedo, indicó: "Dentro de la reunión, los fiscales plantearon la necesidad de contar con herramientas tecnológicas para poder realizar investigaciones de calidad contra el crimen organizado. Hoy, por ejemplo, solicitaron que se les provea de programas informáticos para realizar pericias telefónicas de forma rápida, ya que en la actualidad cuando se secuestra un teléfono celular para poder tener conocimiento de su contenido tiene que hacer un peritaje para el que no hay herramientas tecnológicas en la ciudad, sino que hay que remitirlo a Buenos Aires, a la Policía Federal o a Gendarmería Nacional, que dan un turno que en el mejor de los casos está en 10 meses y hay casos que le han dado turnos para diciembre de 2023. Poco puede servir esa información si se conoce 10 meses después".
Quien lava el dinero, quién le provee la droga, qué policía le dio cobertura. Todos esos datos, que pueden encontrarse en un celular, son datos claves que quedan demorados de manera insólita en estas investigaciones.
Esta realidad no forma parte de una excepción que atañe sólo a esa provincia.
En Córdoba, por ejemplo, hace tiempo que los fiscales federales vienen remarcando, a través de distintos informes internos, que tienen las mismas carencias.
No hay intervenciones a las conversaciones mediante Whatsapp u otra aplicación similar, tampoco se logran interceptar los mensajes de texto por celular y desde hace años existen grandes dificultades para acceder a las sábanas de llamadas y geolocalizaciones, algo que debe estar en el momento, apenas la investigación lo necesite, pero es muy difícil lograr que las compañías privadas de telefonía lo cumplan.
Entre otras falencias, remarcan que los investigadores no tienen binoculares, micrófonos especiales, grabadores de audio, cámaras ocultas y que en varios casos hasta se advierte la falta de un insumo tan básico como es un vehículo.
Y hasta hace pocos años, en pleno siglo 21, las intervenciones telefónicas llegaban a los juzgados en casettes.
Los fiscales federales de Córdoba tampoco cuentan con estos aparatos especiales que descargan la información de un teléfono celular secuestrado sin alterarlo (clave para que el operativo sea válido) y deben esperar que alguna fuerza federal realice este peritaje. Señalan que hay turnos aunque por fortuna advierten que no suelen haber demoras de tantos meses como ocurre en Rosario.
No obstante, señalan otro dato clave: la necesidad de que estos aparatos especiales para descargar información estén en poder de cada fiscalía o juzgado y no sólo en manos de las fuerzas de seguridad. "Hoy, el poder político que está por encima de esas fuerzas se puede enterar primero que nosotros sobre el contenido de esa información", se denuncia.
Informe de Juan Federico y Verónica Maslup.
