"Mi intención jamás fue lastimarlo", dijo una de las acusadas del crimen de Lucio Dupuy

Abigail Páez, la pareja de la madre de Lucio Dupuy, el niño de 5 años asesinado en noviembre de 2021 en la ciudad pampeana de Santa Rosa, declaró este miércoles en el juicio que se le sigue a ella y a la mamá de la víctima que su intención "jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo", que lo "extraña mucho", y que lo ocurrido le "duele en el alma".

"Mi intención jamás fue lastimarlo y mucho menos matarlo. Me duele en el alma, lo extraño mucho", afirmó la imputada, al pedir declarar ante el tribunal de Santa Rosa integrado por la jueza Alejandro Ongaro, y los jueces Andrés Olié y Daniel Sáez Zamora.

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El Supremo Tribunal de Justicia de La Pampa informó a través de la Oficina de Comunicación Institucional que en su exposición Páez "hizo un relato detallado" del viernes 26 de noviembre de 2021, cuando murió Lucio, "desde que se levantó a las 6.15 hasta que terminó detenida".

Durante la declaración de Páez, Magdalena Espósito Valenti, madre de Lucio, no estuvo presente en el recinto ni escuchó la exposición.

Previamente, en la audiencia (la 14ta. del debate que comenzó el 10 de noviembre último) declararon ocho testigos propuestos por las defensas públicas de Páez y Espósito Valenti, quienes convivían con la víctima en una casa de la calle Allan Kardec de Santa Rosa, cuando ocurrió el crimen.

En total ya comparecieron 61 testigos ante el Tribunal de Audiencias de Santa Rosa, integrado por los jueces Aníbal Olié, Alejandra Ongaro y Daniel Sáez Zamora, y quedan otros 25 para hacerlo en al menos otras cuatro jornadas.

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La acusación del Ministerio Público Fiscal contra la madre de Lucio es "abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por ser la ascendiente, por ser cometido por dos personas y por existir convivencia entre ella y la víctima menor de 18 años, en concurso real con homicidio calificado por ser la ascendiente, por ensañamiento y alevosía".

En tanto, a Páez se le imputa el mismo delito, pero sin el agravante de ser la ascendiente.

Entre los testimonios estuvieron dos médicas del hospital Gobernador Centeno, ubicado en General Pico, que atendieron a Lucio en la guardia en 2019 y 2020, por una herida cortante superficial, un traumatismo, una otitis y una faringitis.

También declaró una empleada municipal que entrevistó a las dos acusadas cuando se acercaron oportunamente a la Dirección de Políticas de Género y Diversidad con Lucio para consultar por cuestiones relacionadas con "el cumplimiento de la cuota alimentaria, el maltrato verbal, la ley de identidad de género y la asistencia económica del Estado a personas en situaciones de vulnerabilidad".

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El juicio, que se desarrolla a puertas cerradas ya que la víctima era menor de edad y se debate un delito contra la integridad sexual, se lleva a cabo en la sede de la Ciudad Judicial de Santa Rosa, situada en las avenidas Uruguay y Perón, hasta donde las acusadas fueron trasladadas procedentes de la Penitenciaría 1 de San Luis, donde cumplen sus prisiones preventivas.

Es que cuando se conoció el caso el 26 de noviembre del año pasado los vecinos salieron a la calle para expresar su reclamo por el crimen del niño y se produjeron serios incidentes en la comisaría donde estaban alojadas las detenidas.

Según la autopsia, solicitada por la Fiscalía de Investigaciones Administrativas (FIA), el niño "presentaba politraumatismos por golpes, mordeduras y quemaduras, de vieja y reciente data" y que el deceso se produjo por una "hemorragia interna", producto de las agresiones.

"En mis casi 30 años de profesión nunca vi algo así", había dicho el forense Juan Carlos Toulouse antes de iniciarse el debate, lo que luego reafirmó al declarar como testigo.

Tras la muerte de Lucio se determinó que el niño había sido asistido al menos cinco veces en un lapso de tres meses por politraumatismos en distintos centros asistenciales de La Pampa, aunque no había denuncias de profesional alguno al respecto, como así tampoco de las autoridades del jardín de infantes al que asistía.

Por tal motivo, se inició una investigación administrativa a nivel gubernamental para establecer responsabilidades de funcionarios en la omisión de denuncias que pudieron haber evitado este desenlace.