La doctrina “Cristóbal López”, que permite extinguir una acción penal contra un acusado de evasión si este regulariza su situación con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip) ha generado otra batalla judicial en los Tribunales Federales de Córdoba.
En las últimas horas, el fiscal federal Enrique Senestrari apeló con duros términos el procesamiento dictaminado la semana pasada por el juez federal Bustos Fierro, quien apelando a la ley 27.541 (aprobada el año pasado, en plena cuarentena, y que en ese momento fue descripta como un traje a medida de López) había dispuesto hacer cesar la acción penal contra la mayoría de los empresarios cordobeses imputados en el marco de la investigación por la fenomenal usina de “facturas truchas” que fue descubierta el año pasado. De esta manera, de 47 acusados la causa pasó a tener sólo nueve.
“Pretender una suspensión de la causa porque los imputados han adherido de modo adelantado a planes de pago resulta un absurdo procesal y un juego irrazonado a favor de la defensa, que lógicamente preferirá intentar antes obtener un resultado mucho menos gravoso para sus clientes. Solo que para eso necesitaba un fallo que, por los errores que señalamos, compró esa apurada propuesta. Dicho de una manera coloquial, esta resolución se sintetizaría con esta frase: ‘Como el MPF descubrió a personas usando facturas falsas reconocidas como tales por los imputados, que las pagaron y pidieron que cierren el caso sin investigar más, se acabó’. ¿Qué hacemos entonces con todo lo secuestrado? ¿Para qué se hicieron los allanamientos? ¿Quién va a pagar por el resto de las facturas falsas no incluidas en la base APOC que es un hecho que se van a registrar? Esta es la base que evidencia lo injusta que es la resolución. Las defensas nos piden que cerremos los ojos y el capítulo. Pero la sociedad demanda otra cosa, quiere que quienes evaden paguen hasta la última moneda que le sustrajeron”, se lee en la apelación.
La resolución de Bustos Fierro también fue cuestionada y apelada por la Afip y por la Unidad de Información Financiera (UIF), que participan de la investigación.
La causa es una de las más complejas que se hayan investigado en los Tribunales federales de Córdoba en los últimos tiempos: se hallaron casi 20 mil facturas consideradas “apócrifas” por la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
Según se sospecha, eran generadas a nombre de personas de bajo recursos y en las que presuntamente se simulaban contratos por altos valores que eran pagados de manera ficticia por las firmas bajo sospecha, siempre según la investigación.
En total, hay 639 empresas de todo el país en la mira, aunque fueron 50 los acusados que quedaron bajo la investigación penal. Entre ellos, figuran varios empresarios y los intendentes Cayetano Canto, de Saldán, y Daniel Salibi, de Mendiolaza.
A principios de este año, Senestrari agravó la acusación contra 22 de los 47 imputados y solicitó un embargo de 500 millones de pesos en total. Se calcula que el monto evadido mediante esta supuesta maniobra sería multimillonario, según indicaron fuentes que siguen de cerca el expediente.
Por norma, para que la evasión sea considerada un delito penal el monto evadido debe ser igual o superior a 1.500.000 pesos en un solo período. De lo contrario, se está ante una falta administrativa.
El requerimiento de Senestrari alcanzaba a los acusados Cristian Debarre, Diego Alberto Vieyra Ferreyra, Jorge Daniel Cuevas, Martín Alejandro Sarmiento, Paola Andrea Arévalo, Germán Destefanis, Mario Ernesto Casco, Mario Eduardo Morselli, Augusto Boero, César Eduardo Capella, Fernando Sciarra, Pablo Darío Barbieri, Federico Carlos Dellamagiore, Leandro Paolo Srur, Eduardo Mauricio Pinto, Patricio Rolando González, Leuterio Carlos Bonetto, Fernando Ricardo Lozano, Luciano Josué Córdoba, Mauricio Andrés Pizzi, Jessica Yamila Bodes y María José Marengo.
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Pero la semana pasada, al firmar los procesamientos, el juez Bustos Fierro desinfló gran parte de la acusación, tal como reveló en ese momento Cadena 3. Como la mayoría de los empresarios (con Debarre, Destefanis y Dellamagiore como los principales) se acogió a una moratoria con Afip, el magistrado consideró que se debía ordenar la suspensión de la acción penal en contra de ellos.
La nueva legislación tributaria (la ley 27.541) permite la extinción de la persecución penal cuando se abona el monto de la evasión o se suscribe un plan de pagos con la Administración Federal de Ingresos Públicos (Afip).
La norma ha generado controversia en todo el país, según se apuntó en esa oportunidad. Fiscales y jueces consideran que todo el trabajo judicial queda en la nada cuando los acusados deciden pagar a la Afip los montos evadidos. "El mensaje es que a los contadores les conviene especular: si evaden y no los descubren, no pasa nada; y si los descubren, pagan y listo", concluyó un investigador judicial especializado en la persecución de los delitos económicos al analizar el procesamiento dictaminado por Bustos Fierro.
Ahora, al apelar, Senestrari deglosa otros cuestionamientos: “Hemos notado el análisis fragmentado que el Tribunal realiza de los hechos, lo que lo lleva a errar en su conclusión. En los distintos considerandos ha hecho valoraciones puntuales y las ha descartado, cuando debió observar integralmente el caso, lo que le hubiera llevado a una decisión mucho más cercana a la que pretendemos desde el MPF y seguramente desde las querellas. En segunda medida, es muy evidente la existencia de una cadena de hechos y conductas que apoyan lo ya dicho: las ganancias generadas por las labores de búsqueda de personas –en gran parte vulnerables-; la generación y uso de claves fiscales; la generación de altas de determinados impuestos y contribuyentes; la emisión de facturación apócrifa; la generación de SAS para continuar y aumentar la emisión de facturas falsas; la venta de esa facturación; su distribución; el cambio en el mercado informal de los cheques a los fines de ocultar el rastro de las maniobras delictivas y conseguir liquidez para hacer efectiva la contraprestación por la entrega de las facturas apócrifas, fueron actividades cumplidas por diferentes personas que tenían roles predeterminados y distribuidos. Y entre ellos estaba Debarre. Debarre participó de esas ganancias, toda vez que se benefició de la labor realizada. La mayoría de pagos efectuados por la venta de facturación falsa de este grupo se dio mediante cheques entregados a Vieyra -el jefe de la organización-, el cual no tenía la capacidad económica para monetizarlos, y por ello y para ello, integraba la asociación Debarre”.
