Quién es el fiscal antidrogas de Córdoba que ahora será juzgado
Ramírez, acusado de no investigar el robo de cocaína secuestrada, tuvo un paso por el D2 y luego accedió a importantes cargos en la Policía.
11/04/2025 | 13:18Redacción Cadena 3
En una resolución de alto impacto que se conoció en los últimos días en los Tribunales de Córdoba, el fiscal Juan Pablo Klinger resolvió elevar a juicio la investigación contra su colega Raúl Ramírez, a cargo de la fiscalia móvil de lucha contra el narcotráfico (narcomenudeo) de Villa Carlos Paz, Cosquín y Cruz del Eje.
Se trata de un anexo de la causa que ya tiene a siete policías, otro funcionario judicial y a tres civiles imputados por la desaparición de cocaína y marihuana que habían sido secuestrada en operativos de la Fuerza Policial Antinarcotráfico (FPA).
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Revuelo judicial. Investigan a un fiscal por el faltante de cocaína en Córdoba
El fiscal Juan Pablo Klinger investiga a su colega Raúl Ramírez por supuestamente no haber denunciado faltante de estupefacientes en la FPA. Por el escándalo siete policías y tres civiles están imputados. Un agente ya confesó.
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Ramírez, el secretario de su fiscalía Patricio Bazán y el entonces jefe de una brigada de la FPA, Mauricio Oyola, deberán ir a juicio por los presuntos delitos de incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión; encubrimiento por omisión de denuncia, agravado por la calidad de funcionarios públicos; y abuso de autoridad.
Se trata de un desprendimiento de la causa que explotó en octubre del año pasado cuando el fiscal Klinger ordenó la detención de siete policías de la FPA: el jefe de la brigada en Cruz del Eje, Néstor Márquez, y los agentes Diego Bertino, Sergio Ruiz, Eduardo Ruiz, Luis Benavídez e Isidro Rivero, todos de la misma delegación, y Raúl Moreno, quien ahora prestaba servicios en Deán Funes. La figura penal que los engloba es la de asociación ilícita.
La investigación nació a fines de 2023 luego de que la propia FPA detectara un faltante de más de 300 gramos de cocaína cuando se realizó un inventario de lo secuestrado en sus dependencias.
Según se corroboró, faltaban tres secuestros de estupefacientes que estaban bajo la supervisión de la Secretaría de Lucha contra el Narcotráfico: en total, 357 gramos de cocaína y 158 gramos de marihuana.
En el mayor sigilo, Klinger ordenó allanar a un grupo de agentes y secuestrarle los celulares. Como se preveía, la mayoría ya había borrado las conversaciones más comprometedoras, según contarían luego las fuentes consultadas. Pero no todos. Los peritos se armaron de paciencia y lograron reconstruir buena parte de los chats. Y así, llegaron a una revelación mucho más impactante que la esperada.
Los diálogos apuntaban a que un grupo de policías antidrogas se habrían complotado para robar droga de los operativos y de esta manera, tener siempre a mano una buena cantidad de gramos blancos para pagarle a los informantes ilegales.
El objetivo, se presume, es que estos informantes clandestinos les marcaran a algunos dealers de Cruz del Eje y alrededores, que luego eran allanados.
Así, los policías, casi sin investigar, se anotaban operativos "positivos", lo que generaba que adentro de la FPA comenzaran a ser evaluados para futuros ascensos.
El dato es desalentador: más que investigaciones de calidad, que realmente revelaran la trama del narcotráfico en el norte provincial, los pesquisas sólo buscaban lo superficial, para mostrar una imagen institucional alejada de lo que realmente hacían. La cantidad por encima de la calidad.
En ese punto, hay un dato recogido en la investigación en contra de Ramírez que impacta: en cuatro años, desde enero de 2020 hasta diciembre de 2023, el secuestro más grande de drogas fue de 300 gramos de cocaína que, en realidad, habían sido descubiertos por guardiacárceles dentro de la penitenciaría de Cruz del Eje.
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Revuelo en Córdoba. Escándalo en la FPA: otro efectivo admitió las acusaciones y le apuntó al fiscal
Sergio Ruiz reconoció su participación en actividades ilícitas y aseguró que Raúl Ramírez estaba al tanto del faltante de drogas, por lo que el fiscal Juan Pablo Klinger pidió una investigación.
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Esto, pese a que se trata de una fiscalía por demás sensible: abarca la mayor parte del corredor de la ruta nacional 38, una vía que desde hace años se ha convertido en uno de los epicentros para el ingreso de la cocaína a la provincia desde el norte del país.
Son policías acusados son el entonces jefe de la brigada en Cruz del Eje, Néstor Márquez, y los agentes Diego Bertino, Sergio Ruiz, Eduardo Ruiz, Luis Benavídez e Isidro Rivero, todos de la misma delegación, y Raúl Moreno, quien ahora prestaba servicios en Deán Funes. La figura penal que los engloba es la de asociación ilícita.
La activación de la investigación por parte del fiscal Klinger no sólo provocó un sismo judicial, sino al interior de la propia FPA: a fines de 2024, el jefe de esta fuerza durante nueve años, Adrián Salcedo, fue pasado a retiro obligatorio y en su lugar asumió Camilo Lassaga.
Ramírez sufrió otro revés durante las últimas horas: la Cámara de Acusación rechazó el recurso de los defensores de llevar el expediente a Cruz del Eje y sacarlo de las manos del fiscal Klinger.
A diferencia del secretario Bazán, que fue suspendido de sus funciones, hoy Ramírez se encuentra de licencia.
La historia de Ramírez marca que tuvo un amplio pasado dentro de la Policía de Córdoba. Incluso, hace unos años tuvo que afrontar un pedido de jury cuando se conoció que había pasado, durante la dictadura militar por el Departamento de Informaciones de la Policía (D2). En su momento, dijo que fue durante los últimos meses de la época del terrorismo de Estado, que él era muy joven y que nunca se había enterado de los tormentos que allí sufrían los detenidos.
Ya en democracia, tuvo un rol importante dentro de la fuerza azul.
Fue ascendido a comisario general y llegó a liderar la Dirección de Asuntos Internos. Se retiró en 2005 cuando integraba la Plana Mayor como director de Lucha contra el Narcotráfico.
En 2013, meses antes de que estallara el denominado "narcoescándalo", el entonces gobernador José Manuel de la Sota lo nombró como secretario de Prevención de la Drogadicción y Lucha contra el Narcotráfico.
En diciembre de 2015, el entonces gobernador Juan Schiaretti lo nombró, a propuesta del Consejo de la Magistratura, como fiscal del fuero de Lucha contra el Narcotráfico.
