Liberan a acusadas de desviar donaciones wichis

Paola Alejandra y Fabiola Díaz son concejala y defensora pública respectivamente y fueron denunciadas por su hermana Sandra por administración fraudulenta de bienes ajenos, alegando que desviaron las donaciones que desde todo el país se enviaron para las comunidades wichis.

Las acusaciones tenían antecedentes desde enero, cuandoAbel Mendoza, de la Unión Autónoma de Comunidades Originarias del Pilcomayo, denunció en Radioinforme 3 la venta de donaciones para comunidades originarias por parte de funcionarias municipales.

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Sin embargo, en menos de 24 horas ambas hermanas fueron puestas en libertad: la jueza Solórzano declaró la nulidad de la imputación contra la defensora pública, mientras que el juez Saramayo ordenó la puesta en libertad inmediata para la concejala.

Quien había pedido su detención es la hermana de ambas funcionarias, Sandra Díaz, quien expresó en Cadena 3 que "Alejandra (concejala) entró como abogada a la Municipalidad y tiene muchos terrenos públicos de Salta a su nombre".

El jurado en enjuiciamiento del Poder Judicial y funcionarios del Ministerio Público allanaron la inmunidad constitucional.

Las funcionarias están acusadas de quedarse con ropa, alimentos no perecederos, pañales, entre otras donaciones, para comercializarlos o, según Sandra, "guardarlos hasta que Alejandra se postule como diputada".

"La vedad no entiendo cómo las liberaron, acá hay muchas cosas que no salieron a la luz", aseguró Sandra a Cadena 3.

El fiscal de Tartagal Pablo Tabot apelará al fallo del juez Saramayo, que rechazó al prisión preventiva, mientras que la Fiscalía de Impugnación interpondrá un recurso de casación ante la decisión de la jueza de la nulidad de la retención.

Informe de Elisa Zamora.