Dos líderes de un templo umbanda irán a juicio por ser considerados coautores del delito de trata de personas con fines de explotación sexual, imputación que está agravada por tratarse de ministros religiosos y por el uso de intimidación.
El fiscal general federal Eduardo José Villalba, dijo a Cadena 3 que el caso de "trata blanda" comenzó con sutileza de las personas acusadas para provocar el sometimiento, en este caso sobre dos víctimas identificadas, aunque "serían más".
El fiscal señaló que “el escenario puede ser cualquiera, como en este caso, un santuario religioso, valiéndose de lo más caro que una mujer en estado de vulnerabilidad posee como es la esperanza de una vida mejor. De eso se valieron los acusados”. Le imponían a obligación de bañar públicamente a hombres del culto y las aislaban de sus familias.
Serán juzgados en juicio oral y público Juan Soria Villalba "Pae" y María Ester Arroyo “Mae”, acusados de captar personas en estado de vulnerabilidad y explotarlas sexualmente en su beneficio en actividades religiosas para venerar a San La Muerte, dentro del credo Umbanda y Kimbanda. El sometimiento era a través de metodologías de adoctrinamiento y aislamiento con la aplicación de castigos que también fue constatado en otra víctima.
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La Unidad Fiscal Salta, a cargo del fiscal general Eduardo José Villalba, probó la hipótesis a partir de una investigación iniciada en mayo del año pasado, cuando la pareja de una joven captada por los acusados reveló que había cedido a los dos acusados el usufructo de un vehículo que le había regalado a ella.
Además, les proporcionaba el dinero que ganaba producto de servicios sexuales que realizaba, a cambio de que el “santo” que veneraban intercediera a su favor. Sucedía en el templo ubicado en calle 16 de Septiembre 338, en Villa San Antonio, a pocas cuadras del casco céntrico de la capital provincial.
Los líderes del templo impusieron a los y las fieles la obligación de ofrendar todo el dinero de sus ganancias para utilizarlo en la adquisición de la propiedad de un inmueble. También se valían de esos fondos para solventar sus necesidades temporales.
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La fiscalía dio intervención a la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas del Ministerio Público Fiscal (PROTEX), a cargo de la fiscal federal Alejandra Mangano y del fiscal general Marcelo Colombo. La oficina especializada coincidió con el rumbo investigativo impulsado por el fiscal general luego de un minucioso análisis del caso.
En el caso, inédito en Salta, la fiscalía remarcó en la audiencia el cúmulo de pruebas reunidas, producto de tareas de campo e inteligencia criminal, entre ellas numerosas intervenciones telefónicas, recopilación de documentación e informes que demuestran que el rodado mencionado por el denunciante efectivamente era usado por los acusados de manera exclusiva.
La jueza de Revisión de Salta, Mariana Catalano, al dictar el auto de elevación a juicio para Soria Villalba y Arroyo, considerados líderes espirituales de una secta religiosa, resaltó la singularidad gravedad de los hechos investigados en esta causa, y requirió un especial enfoque de género.
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Además calificó el caso como sensible y de alto impacto, por lo que la sociedad tiene “derecho” a conocer lo sucedido, con lo cual celebró que la investigación llegue a la etapa de juicio oral y público.
"Se habrían implementado ‘castigos’ de neto rasgo sexista, discriminatorio y violento hacia las víctimas, como la ‘obligación’ de bañar en presencia de todos a miembros varones del culto”, describió la jueza.
Determinó la necesidad de ventilar “estos oscuros acontecimientos en juicio oral, transparente y público”. “La circunstancia de que los injustos investigados se relacionen con prácticas de un culto de proyección nacional refuerza mi convicción acerca de que este legajo debe avanzar a la instancia de debate, donde lo actuado, al tomar conocimiento público, servirá de advertencia a toda la comunidad de fieles o seguidores”.
Informe de Elisa Zamora.
