¿Ministerios? ¿Por qué y para qué?

Guillermo López

Conocer el origen de las palabras suele darnos una pista de lo alejado que están algunos conceptos de su verdadero significado.

El caso de la palabra "ministerio" es muy interesante: proviene del latin ministerium, que deviene de minister (sirviente), más el sufijo -orio (lugar). El lugar donde trabajan los que prestan servicios.

¿Sirve llamarlos ministerios si no cumplen la función que indica su etimología? Además de lingüística la respuesta a ese interrogante es -fundamentalmente- macroeconómica.

Esa es la idea central que plantea el libro "Una vacuna contra la decadencia", escrito por los economistas Osvaldo Giordano, Carlos Seggiaro y Jorge Colina.

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Su análisis se centra en los déficits financieros y de gestión pública y explica con varios ejemplos que la clave está en que cada jurisdicción atienda sus funciones.

"La mala organización del sector estatal es la causa de estos males crónicos, que trascienden las orientaciones e intenciones de distintos gobiernos", subrayan.

En su análisis cuestionan que esté naturalizada la superposición de organismos públicos, lo que aumenta los gastos administrativos, la necesidad de coordinar políticas y los incentivos perversos, como que la mejor gestión es el poder de lobby con el funcionario de turno que atiende en Buenos Aires.

¿Cuál es la propuesta de estos economistas? Eliminar los programas nacionales que financian funciones provinciales y municipales.

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"Las provincias y municipios deben concentrarse en funciones locales: educación básica, salud pública, medio ambiente, seguridad. Infraestructura urbana y provincial", señalan tajantes.

La Nación, en tanto, hará eficiente su presupuesto cuando se concentre en funciones interprovinciales, en la Seguridad social, la AUH y la tarjeta alimentaria. Su fuerte está en las políticas macroeconómicas y regulaciones nacionales, Defensa y relaciones internacionales, educación superior e infraestructura interprovincial.

Los números

Con datos de 2019, los economistas demuestran que el gasto público consolidado en Educación y Salud de la Nación tiene poco impacto directo.

En materia educativa el 96% corresponde a las provincias, un 3% a los municipios y apenas un 1% a la Nación. En Salud, el reparto es el siguiente: Provincias 68%, Municipios 16% y Nación 16%.

Del total de los recursos nacionales destinados a las provincias, un 26% son de ejecución directa (21% bienes y servicios, 5% gasto en personal) y el resto son transferencias a las provincias.

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Seggiaro, Colina y Giordano, este último actual ministro de Finanzas de Córdoba, cuestionan los consensos que hay sobre políticas de ajuste tradicionales para recalibrar ese déficit: licuar jubilaciones manipulando la movilidad previsional; demorar pagos a proveedores; aumentar impuestos distorsivos; recortar la obra pública. "En el mejor de los casos difieren el quiebre pero no solucionan los problemas", aseguran.

La solución pasa por "incorporar previsión al sistema previsional, que cada jurisdicción atienda sus funciones, desenmarañar al sistema tributario, que quien gaste, recaude; cuestionando consensos políticamente correctos”, enumeran. Y concluyen: "no es más ni menos que volver a la Constitución que establece que los gobiernos locales son los encargados de los estos servicios".

Los fondos que destina la Nación a las funciones provinciales representan el 2,5% del PBI.