Un fiscal solicitó este viernes que sean imputados por fraude a la administración pública e incumplimiento de sus deberes 19 funcionarios, la mayoría de ellos concejales de distintas localidades salteñas que cobraron el Ingreso Familiar de Emergencia (IFE) en el marco de la pandemia de coronavirus.
Fuentes judiciales informaron que, a pedido del fiscal federal Ricardo Toranzos, a cargo del caso, la Oficina Judicial realiza las tareas necesarias para la audiencia de formalización de la investigación penal, instancia en que la fiscalía presentará el caso, las pruebas y formalizará la imputación penal contra los acusados.
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Se trata de 19 funcionarios públicos, principalmente concejales de distintas localidades de la provincia de Salta, acusados de los presuntos delitos de fraude a la administración pública e incumplimiento de los deberes de funcionarios público.
En esta ocasión serán imputados funcionarios que solicitaron y accedieron al IFE, mientras que en otra instancia se hará lo propio con quienes pidieron la ayuda social pero no recibieron el subsidio otorgado por el Estado nacional para mitigar las consecuencias económicas de la pandemia.
Toranzos se hizo cargo del caso hacia fines del mes pasado, cuando el Ministerio Público provincial remitió a la Fiscalía a su cargo la investigación sobre posibles cobros irregulares del IFE por parte de funcionarios, iniciada de oficio tras la publicación de un informe periodístico según el cual algunos políticos solicitaron el beneficio.
La fiscal interina de Delitos Económicos Complejos, Verónica Simesen de Bielke, se declaró incompetente en la investigación y remitió las actuaciones para su intervención a la Fiscalía Federal 1.
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En el escrito dirigido a Toranzos, Simesen de Bielke relató que la Unidad Fiscal intervino a partir de la noticia periodística sobre los funcionarios públicos provinciales y municipales que habrían accedido a la gestión y cobro del IFE, dando inició las actuaciones y despacho de las diligencias correspondientes.
Según las primeras averiguaciones realizadas por la Fiscalía provincial, la maniobra defraudatoria sería, prima facie, en perjuicio de un organismo nacional, por lo que el hecho resulta de competencia federal.
Tras esta determinación, Toranzos dispuso una medida de entrega de información por parte de la delegación Salta de la Anses relacionada con este caso, sobre los trámites que habrían realizado los involucrados en el listado.
La medida, encarada por investigadores del área de Delitos Económicos de Gendarmería Nacional y del Área de Casos Complejos de la Unidad Fiscal de Salta, se concretó en las oficinas de la delegación sur de Anses, en la capital salteña, con el total apoyo y colaboración de las autoridades del organismo nacional.
La diligencia incluyó la verificación y recolección de información de dichos trámites en las computadoras de la Anses, en esta etapa preliminar de la investigación.
El IFE fue dispuesto por el Gobierno nacional para trabajadores y monotributistas con mayor grado de vulnerabilidad, de entre 18 y 65 años, ante la declaración de emergencia sanitaria por el coronavirus dispuesta por la Organización Mundial de la Salud. En Salta, 322.416 personas perciben los 10 mil pesos mensuales del IFE.
Fuentes judiciales informaron que la audiencia para la formalización de la investigación del caso y la imputación es compleja, porque se trata de 19 acusados que están en distintos puntos de la provincia y que tienen que coincidir todos y contar con los elementos necesarios para la realización de una videoconferencia.
Por ello, se trabaja en los movimientos previos a la concreción de la audiencia, que podría llevarse a cabo la semana que viene, mientras que el juez federal de Garantías que intervendrá es Julio Bavio.
En San Lorenzo
En San Lorenzo, se decidió destituir por mayoría a dos concejales que estarían involucrados en el trámite y cobro del IFE. Se trata de José Reynaga y Melisa González.
Juan Pablo Dávalos, presidente del Concejo Deliberante de San Lorenzo, dialogó con Cadena 3 e indicó que la segunda también era beneficiaria de dos AUH.
"Se hizo una investigación de estos concejales que habrían cobrado el IFE. Pedimos informes a la Anses y arrojaron que González había cobrado y que tenia dos AUH acreditadas. Ella en ningún momento ofreció la devolución del dinero", indicó.
Por su parte, Reynaga hizo el trámite pero le fue rechazado. Ambos fueron expulsados por inhabilidad moral.
Además se investiga a una concejal de Padcaya, del municipio de Tarija, Bolivia, limítrofe con Los Toldos.
Informe de Elisa Zamora.
