Una monja fue rescatada del Convento San Bernardo, de la capital salteña, en el marco de un allanamiento ordenado por la justicia provincial ante una denuncia por privación ilegítima de la libertad, luego de que la religiosa manifestara a sus familiares que quería abandonar el lugar y que las autoridades le negaban esa posibilidad.
El fiscal penal número 2, Ramiro Ramos Ossorio, fue quien tomó intervención ante esta denuncia contra las autoridades del convento y solicitó la orden de allanamiento, según informaron fuentes del Ministerio Público provincial.
"A través de una hermana, la víctima había manifestado que quería abandonar la institución y dijo que se no se le otorgó la autorización. Expresó tener algunos problemas de salud y fue personal policial para constatar el estado. Las autoridades nunca abrieron la puerta para iniciar una instancia de diálogo, hasta que se ordenó el allanamiento", explicó Ramos Ossorio a Cadena 3.
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"Los bomberos debieron ingresar al convento por el techo para lograr la liberación de la señora. Fue trasladada a una fiscalía, donde contó lo ocurrido. Estamos estableciendo, a través de la ley, si se cometió el delito", amplió.
Ramos Ossorio dijo que la monja no quería salir de la congregación, sino que quería salir un tiempo con la finalidad de tener un contacto con su familia.
El abogado del arzobispado de Salta, Eduardo Romani, explicó a Cadena 3 por qué no intervinieron en el caso. "Tuvimos la comunicación del profesional que asesora a la familia de la señora. Personal del juzgado se reunió con la persona afectada. El arzobispo tiene todavía estas restricciones de acercamiento. Caso contrario, se podría haber accionado".
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Y amplió: "Somos respetuosos de la Justicia. Estamos a disposición para que se sepa la verdad. La persona damnificada tiene más de 30 años dentro del convento. Poseía problemas de salud desde hacía ocho años y siente que no recibía buenos tratos de las autoridades".
Según consta en las actuaciones, a inicios del mes de diciembre y en un primer acercamiento, las autoridades religiosas manifestaron que debían disponer de la autorización proveniente del Vaticano.
No obstante, cuando esta documentación estuvo disponible, le negaron la posibilidad de retirarse.
Los voceros comentaron que fueron "infructuosas" todas las iniciativas en la búsqueda de un acuerdo, al punto en el que desde esa institución se llegó a prohibir directamente el contacto con los familiares de la mujer.
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Ante esta situación, el martes la Fiscalía solicitó a las autoridades de la Policía de la provincia sostener una entrevista con las autoridades del convento, pero directamente no fueron recibidas.
Esto motivó al fiscal Ramos Ossorio a enviar a auxiliares fiscales a intentar reunirse con las autoridades, pero no pudieron ingresar al lugar ni siquiera para realizar la notificación correspondiente, según lo informado por fuentes judiciales.
Con todos los elementos, el fiscal solicitó al Juzgado de Garantías en turno una orden de allanamiento para el predio, que fue autorizada, y con la intervención de la fuerza policial con la colaboración de la División Bomberos, se ingresó al edificio sin forzar el acceso.
El fiscal explicó que las actuaciones continúan su trámite y que dispuso el cumplimiento de numerosas medidas tendientes al esclarecimiento del hecho denunciado.
Cruces entre el abogado de la familia de la monja y el abogado del convento
El abogado del convento, Juan Ávalos consideró que la monja no estaba privada de su libertad como se caratula la denuncia. "Las monjas pueden entrar y salir libremente".
Pero el abogado de la familia de la religiosa, Guillermo Alberto, dijo a Cadena 3 que hubo varias irregularidades mientras la religiosa afrontaba una enfermedad.
"A principio de año comenzó a sufrir un cáncer y necesitaba una serie de tratamientos. Telefónicamente venía manifestando su intención de retirarse porque veía que la enfermedad y el modo de vida dentro del convento no eran compatibles", explicó.
También denunció irregularidades. "Cuando entrevistan a la monja, ella dice que presentó una nota formal de salir del convento y empieza a tener una serie de impedimentos de contacto con su familia. Le prometieron a la familia que ella iba a salir, los hicieron esperar y les cerraron la puerta del convento. No supieron más nada de la mujer y decidieron hacer la denuncia".
Por último, dijo que "lo más importante de estos días son las irregularidades con las que se manejaron en los últimos días. No tenemos instrucciones de cómo continuar con la causa, más que viralizar lo ocurrido", detalló.
Informe de Elisa Zamora.
