De Aragón: "Los manifestantes deben respetar los derechos de los ciudadanos"

La mañana del miércoles en las calles de Córdoba fue un completo caos. El centro de la ciudad estuvo sitiado por al menos tres manifestaciones sociales que impidieron la circulación de transeúntes, automóviles y transporte público.

Se trataba de las primeras manifestaciones luego del fallo judicial del juez de Control provincial N° 10, Juan Manuel Fernández López, quien resolvió a favor el pedido de un habeas corpus presentado por vecinos y comerciantes para que se terminen los cortes por los piquetes en el centro de Córdoba.

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No obstante, la medida -que se respetó en los puentes y puntos de concentración- no se hizo efectiva en el momento de desplazamiento de los manifestantes, quienes ocuparon las arterias de manera total.

Consultado respecto al evidente incumplimiento del reciente fallo, el fiscal Ernesto de Aragón, encargado de supervisar la medida, reconoció a Cadena 3 que "es materialmente imposible evitar un corte total", dada la cantidad de manifestantes.

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"Cuando cerca de 10 mil personas se reúnen en un mismo lugar, es materialmente imposible mantener una media calzada abierta", dijo.

"Estamos monitoreando, como siempre, trabajando y haciendo seguimiento cercano, pero en la actuando en la medida en que se pueda. No se puede poner a 10 mil personas en fila, sería ridículo. En fila india llegarían hasta La Calera o más”, añadió.

Destacó, además, que en las rutas provinciales no se registró ningún corte.

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De Aragón, que imputará a seis manifestantes, dijo que se incurrió en "delito de obstrucción u obstaculización del medio de transporte" previsto en Artículo 194 Código Penal.

"La intencionalidad de la manifestación de hoy, mas que un reclamo puntual, era generar cortes de acceso a las ciudades. Previendo eso, montamos operativos en el Puente Centenario, donde se mantuvo firme la media calzada hasta Colón y General Paz", añadió.

También aclaró que "no hay que confundir esta actitud de imputar este delito penal con que se va a criminalizar todo lo que implique una protesta".

Por último, advirtió que a este tipo de contravenciones le corresponde una pena máxima de hasta dos años de prisión.

Informe de Francisco Centeno y Gonzalo Carrasquera. Entrevista de Viva la Radio.