La Legislatura debate proyectos que piden la renuncia o el juicio político a Martín Gill

La oposición en la Legislatura de Córdoba presentó un proyecto de resolución para pedir la dimisión del ministro de Cooperativas y Mutuales y exintendente de Villa María, Martín Gil. El ministro está acusado por presunta violencia de género en una causa que fue enviada a juicio.

En la Unicameral se debaten dos proyectos: Alejandra Ferrero, autora del primer proyecto, solicita la renuncia del funcionario por las acusaciones. El segundo proyecto busca iniciar un juicio político contra Gil.

La legisladora de la UCR Ferrero indicó a Cadena 3 que el interbloque y la mayoría de los monobloques de la oposición "apoyan el proyecto". Este pide que Gil se aparte y solicite una licencia sin goce de sueldo hasta que se resuelva su situación judicial. Ferrero argumenta que los funcionarios públicos deben mantener una "ética pública" y si uno está procesado por violencia, "debería dar un paso al costado".

/Inicio Código Embebido/

Mirá también

Por violencia de género

Córdoba: legisladores opositores piden el apartamiento del ministro Gill

/Fin Código Embebido/

 Según Ferrero, el año pasado se suspendió al legislador Serrano solo por una denuncia, lo cual sugiere un precedente para este tipo de situaciones.

"Si se aprueba debería tener un efecto político, una presión política para que el gobernador le pida la renuncia", subrayó.

Ferrero también mencionó que están trabajando con otras legisladoras en un protocolo para casos similares en el futuro. La idea es establecer un procedimiento acordado en casos de violencia de género y evitar cualquier influencia potencial del poder político sobre la Justicia.

/Inicio Código Embebido/

Mirá también

Escándalo en Córdoba

Martín Gill va a juicio acusado de violencia de género: aún sigue en funciones

/Fin Código Embebido/

Por su parte, el legislador Gregorio Hernández Maqueda, de la Coalición Cívica, indicó a Cadena 3 que aunque aún no se ha confirmado el juicio y rige la presunción de inocencia en el proceso penal, como legisladores deben "evaluar su responsabilidad política". Plantea en ese sentido una cuestión ético-política sobre si Gil puede mantenerse como representante estatal mientras se defiende en un juicio por violencia de género.

Hernández Maqueda expresó su preocupación por la situación: "¿Hasta qué punto puede mantenerse él como un alto representante del Estado, amparándose en los privilegios que le da ser ministro, mientras se está defendiendo en un juicio por violencia de género?".

Informe de Gonzalo Carrasquera.