La CIDH alerta sobre un régimen autoritario en Nicaragua bajo Daniel Ortega

San José (EFE).- La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) emitió un fuerte pronunciamiento este lunes denunciando la "consolidación de un régimen autoritario" en Nicaragua, el país que ha sido gobernado por el exguerrillero sandinista Daniel Ortega desde 2007 y que enfrenta una grave crisis sociopolítica y de derechos humanos desde hace siete años.

"Al cumplirse siete años del inicio de la crisis de derechos humanos en Nicaragua, la CIDH condena la constante represión estatal y el fortalecimiento de un régimen autoritario", indicó el organismo en una declaración oficial.

En abril de 2018, miles de nicaragüenses se manifestaron en las calles en contra de reformas controvertidas a la seguridad social, que tras la violenta respuesta del gobierno, derivaron en un clamor popular por la renuncia de Ortega. Estas protestas resultaron en al menos 355 muertes, según cifras de la CIDH, aunque organismos locales elevan la cifra a 684, mientras que Ortega reconoce más de 300 y califica los eventos como un intento de golpe de Estado.

La CIDH advirtió que "la situación de derechos humanos en Nicaragua se mantiene como una de las más graves de la región y sigue deteriorándose". A través de su Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), la Comisión ha continuado recolectando información sobre serias violaciones de derechos como detenciones arbitrarias, denuncias de desapariciones forzadas, así como violaciones al debido proceso y a las garantías judiciales.

Se han documentado también tratos crueles, inhumanos y degradantes hacia las personas detenidas arbitrariamente; restricciones a la libertad de movimiento, privación de la nacionalidad, exilio, así como persecución religiosa y riesgos al espacio cívico, tanto en el ámbito físico como digital.

Entre las reformas constitucionales publicadas en febrero de este año, la CIDH destacó la centralización del poder político en la figura del presidente, quien está acompañado por un copresidente y una copresidenta. A juicio del organismo, estas reformas "consolidan, bajo una apariencia de legalidad, el desmantelamiento de la institucionalidad democrática", en un marco donde los mecanismos de control propios de un sistema democrático han desaparecido.

La CIDH también reportó que actualmente hay 42 individuos encarcelados bajo condiciones que violan la dignidad humana, incluyendo más de 2.000 detenciones arbitrarias desde el comienzo de la crisis en 2018. Desde ese mismo periodo, 5.441 organizaciones de la sociedad civil han sido disueltas arbitrariamente, muchas veces acompañadas por confiscaciones ilegítimas de bienes.

En este contexto, persiste la persecución contra periodistas, defensores de derechos humanos, artistas y cualquier persona vista como opositora. Asimismo, se ha intensificado la represión ejercida contra líderes religiosos y comunidades de fe mediante detenciones y confiscaciones de bienes como represalia por su labor.

Además, el Gobierno impone severas limitaciones a la libertad religiosa, prohibiendo celebraciones en espacios públicos, vigilando ceremonias, moderando sermones y criminalizando expresiones de fe.

La CIDH reiteró su llamado al Estado nicaragüense a cesar inmediatamente con las violaciones a los derechos humanos, restablecer el Estado de derecho y liberar a todos los detenidos arbitrariamente por motivos políticos. De igual forma, hizo un llamado urgente a la comunidad internacional para redoblar esfuerzos con el fin de exigir el fin de la represión y tomar medidas concretas para la restauración de la democracia en el país.

La Comisión expresó también su solidaridad con las víctimas y familiares de violaciones de derechos humanos, recordando a las más de 300 personas que perdieron la vida en el contexto de la represión estatal, reafirmando su compromiso hacia la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua.

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