Transparencia Internacional se opone a propuesta que podría dar amnistía a corruptos en Panamá

Ciudad de Panamá (EFE).- El capítulo panameño de Transparencia Internacional (TI) expresó este lunes su profunda preocupación sobre las "graves objeciones legales y constitucionales" que presenta una reciente iniciativa legislativa en Panamá, la cual busca amnistiar a personas condenadas y procesadas por corrupción, alegando que se trata de delitos políticos. Esta alarma se suma a las advertencias de diversos sectores de la sociedad panameña.

"La iniciativa abre peligrosamente la puerta a la impunidad, no solo para actores políticos acusados de corrupción, sino también para cualquier condenado que intente justificar sus delitos bajo la excusa de 'persecución política', argumento recurrente cuando la justicia alcanza a los corruptos", declaró Olga de Obaldía, directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana, la cual es el capítulo panameño de TI.

La organización hizo pública su preocupación el mismo día en que presentó una carta formal ante la Comisión de Gobierno, Justicia y Asuntos Constitucionales de la Asamblea Nacional, donde se realizó un análisis jurídico sobre un proyecto que "busca extender beneficios de amnistía a delitos claramente comunes como peculado, corrupción, enriquecimiento ilícito y blanqueo de capitales, tergiversando su naturaleza para clasificarlos como delitos políticos".

"La aprobación de este proyecto pondría a Panamá en conflicto con tratados internacionales contra la corrupción y afectaría la cooperación judicial internacional", enfatizó Obaldía, advirtiendo que tal proyecto contraviene lo establecido por la Constitución, el Código Penal y la jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia.

La propuesta de ley fue presentada por el diputado del Partido Revolucionario Democrático (PRD), Jairo 'Bolota' Salazar; sin embargo, este partido se distanció de la iniciativa, aclarando en un comunicado que "no fue presentada" por la bancada en la Asamblea Nacional, ni responde a una agenda colectiva del partido.

La iniciativa comenzó a ser analizada la semana pasada en la comisión de Gobierno, que es el primer de los tres debates obligatorios para su aprobación legislativa.

Al sustentar su propuesta, el diputado Salazar indicó que el expresidente Ricardo Martinelli, condenado a más de diez años por blanqueo, es un "perseguido político" y una víctima de una "justicia mala", sugiriendo que otros legisladores también podrían estar en una situación similar en el futuro.

Transparencia Internacional, a través de su carta dirigida a Luis Eduardo Camacho, presidente de la Comisión de Gobierno, instó a los diputados a "rechazar esta iniciativa por ser manifiestamente inconstitucional y contraria al Estado de Derecho". Camacho, además, es portavoz de Martinelli y actual diputado por el partido Realizando Metas (RM), en el poder.

Martinelli está refugiado desde hace más de un año en la Embajada de Nicaragua en Panamá para eludir su condena por la compra de medios mediante fondos públicos en el caso conocido como 'New Business'. Junto a él, sus hijos, Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares, y el exgobernante Juan Carlos Varela (2014-2019), forman parte de los cerca de 30 acusados por blanqueo en el escándalo de sobornos de la constructora brasileña Odebrecht, cuyo juicio ha sido reprogramado en varias ocasiones, la última para finales de este año.

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